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Ya pasó la reforma electoral, ¿y ahora?

Resulta fundamental que oposición y contrapesos demuestren que pueden tener una estrategia inteligente hacia 2024, y que realmente defiendan nuestro sistema democrático.
lun 19 diciembre 2022 06:00 AM
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La oposición a la reforma electoral del presidente debe ser más que una marcha.

El tema de las últimas semanas ha sido la intención del Presidente López Obrador de reformar nuestro sistema electoral. Primero, mediante una iniciativa constitucional que sabía de antemano no pasaría; después, con la reforma legal apresurada en ambas Cámaras la semana pasada.

Los intentos presidenciales, claramente regresivos y antidemocráticos, han sido parte de una clara estrategia para enardecer a su base electoral, camino a las elecciones de 2024. Pero también, un plan para tratar de evitar perjuicios a su movimiento ante la insatisfacción de muchos sectores.

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De ninguna manera un plan como el propuesto por el Presidente busca mejorar el sistema electoral, ni democrático del país, como él aduce. Y sus seguidores fieles, poco versados en el tema por su perfil socioeconómico, no entienden las implicaciones.

Tampoco, como dicen los críticos, es éste el primer Presidente que busca vulnerar las instituciones democráticas del país, ni es esta la primera reforma que lo hace. Lo buscaron Calderón y Peña con similar ahinco; el último, con mayor eficiencia.

Basta recordar las reformas político electorales de 2008-09, y principalmente, la de 2013-2014. Reformas que en mucho afectaron al sistema electoral, introduciendo vicios que fueron dinamitando al sistema. No olvidemos la manera de nombrar consejeros y magistrados del TEPJF; y en este último, el vergonzoso alargamiento de los periodos de los actuales consejeros.

Uno de los principales vicios es la carrera por el dinero ilegal en las campañas, que hizo que su costo real fuera al menos 10 veces más del costo formal calculado por las autoridades electorales. Y por supuesto, el sistema de contribuciones a candidatos a cambio de contratos ilegales ya en el poder.

Pero anterior a ello, en México llevábamos 30 años de reformas que generaron un proceso gradual y exitoso de apertura y consolidación democrática. Empezando por la famosa reforma de Reyes Heroles, pasando por reformas en cada sexenio, que pararon cuando Fox llegó al poder.

Ese proceso de reformas se caracterizó por el diálogo entre las fuerzas políticas, con especial atención a las fuerzas minoritarias; y entre ellas a las de izquierda. En ese diálogo, se fueron acordando importantes convergencias que permitieron en México tener el sistema organización de elecciones más sólido y prestigiado del mundo, gracias a la autonomía de sus organizadores.

Hoy, a 45 años de Reyes Heroles y el éxito de las verdaderas izquierdas mexicanas, López Obrador, en congruencia con sus convicciones, se lanzó abiertamente en contra de esas décadas de lucha progresista democrática que permitió abrir el camino para que él mismo llegara a la Presidencia.

Lo dijo la Senadora Beatriz Paredes en su posicionamiento ante el Pleno: “Ahora, (…) quien alegó la falta de democracia en el país, desde lejanas elecciones estatales en Tabasco, y después, permanentemente, en varios momentos exigió que el gobierno sacara las manos de las elecciones, demandando autonomía de los órganos electorales, presenta iniciativas que a juicio de muchos representan una regresión autoritaria. Pero el poder transforma. A veces, revela las verdaderas naturalezas”.

 

Ante este escenario, es fundamental que oposición y contrapesos demuestren que pueden tener una estrategia inteligente hacia 2024, y que realmente defiendan nuestro sistema democrático, dejando atrás sus intereses personales por el país. Sin país, sus intereses también perecen.

El camino legal no será sencillo. A pesar del esperpento de reforma, no es fácil echar abajo sus componentes. Debe trazarse una ruta muy bien pensada que defina qué actores son sujetos de qué figuras legales; y qué acciones ciudadanas deben tomarse, más allá de una simple marcha.

Debe analizarse con mucho cuidado quiénes pueden ser realmente sujetos de amparos, y bajo qué argumentos y circunstancias. Qué grupos realmente pueden aducir afectaciones directas de la reforma, como discriminación por ejemplo, y en qué momento iniciar el proceso.

También habría que revisar quiénes pueden ser sujetos de un juicio de protección de derechos políticos, y dados cambios institucionales de la reforma, bajo qué instancias y procedimientos realizar esta estrategia.

Presentar pruebas fehacientes será uno de los grandes para realizar procesos exitosos. El entramado legal no necesariamente estará de lado de los quejosos. Y algunos personajes encargados, sea en los juzgados, en el TEPJF o en la propia SCJN, tampoco.

Algo que queda un poco más claro, aunque no por eso más sencillo, es el aspecto de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales.

Para los aspectos meramente electorales, cualquier partido político puede iniciar un proceso; incluso los locales sobre los aspectos que afecten su regulación. Estos casos deben tener solución expedita por ley, ante la norma expresa de que se les de preferencia en la Corte.

El gran reto en este rubro será que los partidos políticos de oposición se pongan de acuerdo, y absolutamente todos presenten una acción, cada uno. Y el reto aún mayor será su capacidad para documentar y argumentar de manera sólida sus casos.

 

Adicionalmente, las minorías tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado pueden también presentar acciones de inconstitucionalidad. Un aspecto fundamental será evidenciar las violaciones al proceso legislativo en la cámara de origen. Adicional a la constitucionalidad de los contenidos.

En cuanto al INE, sus procesos serán un poco más complicados. Puede presentar controversia constitucional, pero solo ante los elementos en los que claramente se pueda argumentar que se invadieron sus facultades, entendiendo que esas facultades las da la propia ley que se modificó.

Más allá de las acciones legales, es momento de que desde la trinchera ciudadana y de “activistas” se trabaje en una campaña real de apoyo al INE, tanto por la baja de recursos, como por la renovación de 4 de sus consejeros.

Esta es una batalla en la que, más allá de las probadas capacidades comunicacionales del Presidente, como sociedad debemos mantener a diario una presión pública suficiente ante la oposición y los tomadores de decisión para que el proceso no pueda ocurrir en lo obscurito.

Ahora depende de todos actuar de manera inteligente y sin aspavientos.

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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