Desde hace un buen tiempo, una de las preguntas más interesantes de la política en Estados Unidos es si, dada la evidencia en su contra en distintos frentes, Donald Trump enfrentará un proceso jurídico.
Hasta ahora, contra todo pronóstico, ha logrado evitarlo.
Esto a pesar de haber cometido faltas flagrantes, que todavía podrían costarle batallas legales considerables.
Ahora, sin embargo, es posible que al expresidente de Estados Unidos se le haya terminado el proverbial 20. El inédito cateo de su residencia en el sur de la Florida abrió la puerta a conclusiones legalmente riesgosas, comenzando con lo que ahora parece innegable: Trump retiró y mantuvo en su residencia privada documentos de la más alta confidencialidad y secreto, pertenecientes, por definición, al gobierno de Estados Unidos.
Eso ya es suficientemente grave.
Pero el problema definitivo podría radicar en la evidencia que se suma cada día sobre la posible obstrucción de justicia en la que parece haber incurrido Trump en función de los documentos.
Si se demuestra que, por la razón que sea, decidió ocultarlos o moverlos de lugar para evitar entregarlos en su totalidad, podría enfrentar un proceso inevitable.
Como lo explicaba en estos días un columnista estadounidense: si se tratara de cualquier otra persona, enfrentaría cargos.
Están por verse los alcances de la investigación y, de manera crucial, si Trump está por encima de la ley.
Por lo pronto, la imagen de los documentos privilegiados tirados sobre la alfombra barroca de Casa Trump son, para él, una muy mala noticia.
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