México es un país con una amplia diversidad cultural y natural. Lamentablemente, su riqueza se ha visto amenazada en los últimos años por los proyectos que ha emprendido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo, con el Tren Maya.
Lo he denunciado en varias ocasiones: el gobierno federal está destruyendo nuestro legado natural y cultural para cumplir con los caprichos del presidente de colocar un nuevo elefante blanco.
Pese a los ataques desde el micrófono presidencial, los especialistas, buzos, arqueólogos, espeleólogos, periodistas y la sociedad civil organizada no han parado de investigar y denunciar el ecocidio.
Gracias a ellos, sabemos que los Tramos 5 Sur, 6 y 7 del Tren Maya ponen en riesgo el patrimonio cultural y subacuático de la Riviera Maya.
El gobierno federal a través del INAH ha reconocido que hay más de 6,400 monumentos arqueológicos sólo en el Tramo 5 Sur, más de 2,300 de ellos sobre el derecho de vía del tren.
Por ello se concedió una suspensión para detener estas obras, porque se están generando daños irreversibles y por el hecho de no contar con estudios de impacto ambiental. Además, esa obra es violatoria del derecho humano a un medio ambiente sano.
Sin embargo, el presidente en su afán por hacer cumplir sus caprichos, lo declaró como un asunto de seguridad nacional. Es una terrible simulación, ya que intenta hacer creer que es un tema de soberanía, cuando en realidad es un tema de ilegalidad.
Hace pocos días, el pasado 30 de julio, el presidente de la República fue a supervisar los trabajos de destrucción del Tren Maya. Lamentablemente no fue para rectificar.
En un acto de irresponsabilidad fue a ver cómo van los trabajos que un juez federal ordenó suspender. Mostrando un nulo respeto por el Poder Judicial y sus determinaciones.
La visita del presidente López Obrador a la construcción del Tren Maya debió ser para cumplir la ley y detener la obra, sin embargo, con sus acciones fomenta el desacato a una orden judicial y claramente confronta a las instituciones y a las organizaciones.
Ningún capricho debe estar por encima de la ley.
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Nota del editor: la autora es senadora del PAN; preside en esa cámara la Comisión de Derechos Humanos.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autora.
