El gobierno de López Obrador ha llevado a cabo cambios profundos en la arquitectura y el funcionamiento del sector salud. Existe –al menos en discurso– una visión de la necesidad de transitar hacia la universalización de los servicios de salud con énfasis en ofrecer mejores servicios a la población más vulnerable del país. Sin embargo, tras los primeros tres años de la actual administración, los resultados de política en materia de salud –a la par de los efectos de la pandemia por COVID-19– distan mucho de los objetivos planteados.
#ColumnaInvitada | Del INSABI al IMSS-Bienestar: incertidumbre y retos
La actual administración busca aprovechar la trayectoria del IMSS-Bienestar para corregir el rumbo; sin embargo, lo hace repitiendo los errores en la implementación del Insabi.
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Por un lado, excluyendo el gasto derivado de la estrategia de vacunación contra COVID-19, las asignaciones presupuestarias para el sector no han aumentado, manteniendo uno de los niveles de gasto en salud más bajos entre los países de la OCDE. La principal apuesta del gobierno en turno ha sido el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que, desde el inicio, enfrentó dudas sobre su viabilidad operativa y financiera. Ahora, apenas dos años después de su creación, el gobierno parece abandonar el proyecto del Insabi y –sobre la marcha– plantear otra gran transición en aras de garantizar el acceso universal a la salud, por medio del programa IMSS-Bienestar.
Mucho se ha escrito sobre la historia, enfoque y logros del IMSS-Bienestar, programa que, bajo distintas denominaciones, ha logrado extender los servicios de salud a poblaciones de extrema pobreza y alto grado de marginación desde su creación en 1979. No obstante, su expansión a futuro enfrenta retos considerables para ampliar la cobertura de los servicios de salud, especialmente sin fuentes de financiamiento adicionales.
Expansión irregular
Mediante convenios de colaboración, los estados cederán su infraestructura física y humana al IMSS-Bienestar para que, a través de él, se otorguen los servicios de salud a la población sin seguridad social. Dos aspectos preocupan sobre el plan de expansión: en primer lugar, todo parece indicar que los acuerdos puntuales de cada convenio podrían variar significativamente de entidad a entidad, agravando disparidades en la atención y acceso a los servicios de salud. En segundo lugar, tras la atropellada implementación del Insabi, es probable que las entidades que no se incorporaron inicialmente a dicho esquema —principalmente gobiernos de oposición— opten por no adherirse al IMSS-Bienestar, fragmentando aún más la cobertura de servicios de salud.
Inversión insuficiente
Evaluaciones llevadas a cabo por el Coneval señalaron que, en años recientes, las limitaciones presupuestarias del IMSS-Bienestar han impedido atender la cobertura de plazas vacantes y llevar a cabo la conservación, mantenimiento y sustitución de bienes. Aun cuando el presupuesto del programa de este año presenta un incremento de 74% (10 mmdp), en comparación con 2021, sin un plan de inversión considerable resulta poco probable que el IMSS-Bienestar logre revertir el estancamiento y declive de su propia infraestructura y equipamiento, además de incorporar y operar la de los servicios de salud estatales. Ahora que se busca ampliar el número de beneficiarios, el reto que enfrentará el IMSS-Bienestar durante los próximos años resultará titánico sin fuentes de financiamiento adicionales.
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Cobertura del tercer nivel y coordinación interinstitucional
Pese a la firma de convenios con entidades y la puesta en marcha del plan de expansión, persiste incertidumbre sobre la cobertura de intervenciones de alta especialidad, misma que no está contemplada en los cuatro módulos que componen el programa del IMSS-Bienestar. Ante la falta de claridad sobre a qué servicios tendrán derecho las personas sin seguridad social, persiste el riesgo de que la ‘centralización’ resulte en una reducción de los servicios otorgados. Aunado a esto, el gobierno ha negado que la expansión del IMSS-Bienestar sustituya al Insabi, sin ofrecer detalles sobre qué pasará con los fondos que éste administra a través del Fondo de Salud para el Bienestar y el mecanismo de coordinación para llevar a cabo las actividades administrativas que aún serán de su competencia, como la adquisición de medicamentos, equipo e infraestructura. Finalmente, otra gran interrogante respecto al plan de centralización se refiere al rol que desempeñarán las secretarías de salud estatales y las tareas de salud pública a su cargo, una vez que cedan la administración y operación de los servicios de salud correspondientes.
Otros aspectos por considerar
Sobre el IMSS-Bienestar, hay otros elementos que ameritan ser analizados con mayor profundidad: el tema laboral-sindical, el esquema de adquisición y distribución de medicamentos, etc. Sin embargo, además de los retos ya mencionados, estos elementos apuntan a que, en dos años, es poco probable que el gobierno logre implementar y consolidar la centralización de los servicios de salud.
En conclusión, la actual administración busca aprovechar la trayectoria del IMSS-Bienestar para corregir el rumbo; sin embargo, lo hace repitiendo los errores en la implementación del Insabi, poniendo en marcha una reestructura sin claridad sobre la operación del sistema de salud en el largo plazo. Sin mayores recursos y una planeación exhaustiva, el IMSS- Bienestar está destinado a heredar y replicar las limitaciones del Insabi, cuyo resultado más trágico ha sido el aumento considerable de la población sin acceso a servicios de salud.
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Nota del editor:
Ana Padilla y Sergio Baca (@sbacag) son consultores especializados en el sector salud, en Integralia Consultores (@integralia_mx).
Las opiniones publicadas en esta columna pertenecen exclusivamente a los autores.
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