En la apertura, la senadora Cora Pinedo, recapituló los avances en torno al tema, resaltando la eliminación administrativa de la prohibición absoluta del consumo de cannabis para uso adulto, y el amparo otorgado a una empresa privada para cultivar cáñamo con fines industriales. Enfatizó que dentro de la Cámara existe “un amplio debate y el trabajo con comisiones para que se concluya el proceso legislativo que nos permita contar con un marco jurídico que brinde certeza, y que proponga una regulación por la paz”.
José Manuel García Vallejo, paciente y representante de Autocultivo Medicinal en México (AMEM), explicó el trabajo conjunto que la Coalición, conformada por distintas personas, colectivos y organizaciones que abogan por un cambio de paradigma en la política de drogas en México, ha realizado en los últimos años para colocar el tema en la agenda pública y acompañar el proceso legislativo. Comentó que “buscamos una regulación que favorezca no a unos cuantos, ni a grandes empresas, sino a toda la población”.
Adrián Jiménez, integrante de ReverdeSer Colectivo , expuso que los últimos años se presentaron más de 25 iniciativas que integran medidas de justicia social y reparación del daño, pero muchas de ellas no avanzaron en la discusión legislativa. En respuesta a ello, la publicación “es un conjunto de iniciativas, desde la sociedad civil, que intenta generar una propuesta integral para que pueda ser votada” en este periodo legislativo. La publicación parte de tres principios fundamentales: derechos humanos, justicia social y perspectiva transicional.
En ella se contemplan cuatro demandas puntuales: la regulación garantizando tres vías de acceso (autocultivo, asociaciones cannábicas y mercado regulado), candados para la conformación de un mercado horizontal e incluyente con perspectiva de justicia social, la eliminación de los permisos para consumo personal y la homologación de los espacios de consumo a la Ley General para el Control de Tabaco. En relación con este punto, Jiménez comentó que Oaxaca es el primer estado en descriminalizar el consumo en vía pública, y ésta medida debe ser un piso mínimo del cual debe partir el proyecto actual.
Otra medida que destacó fue la necesidad de aumentar al 80% las licencias de cultivo destinadas a comunidades cultivadoras impactadas por el régimen prohibicionista. En ese sentido, el senador de Morena, Adolfo Gómez, se pronunció a favor y reconoció la lucha histórica que la sociedad civil organizada y las autoridades del estado de Oaxaca están dando en la materia, puntualizando en la entrega de 26 autorizaciones por parte de Cofepris a personas y comunidades indígenas para el cultivo y cosecha de marihuana para uso medicinal en algunos municipios . Además, señaló que la regulación de la planta para sus distintos fines “es un derecho por justicia a todos los pueblos”.
Zara Snapp, co-fundadora del Instituto RIA , aclaró que “todas las ramas del gobierno se han pronunciado a favor de una regulación”. Explicó que la regulación es un proceso necesario para transitar de un mercado ilegal a un mercado legal-horizontal, centrado en los derechos de las personas usuarias y las comunidades cultivadoras. Ya que el día de hoy nos enfrentamos a un mercado que privilegia a las empresas, lo cual agudiza las desigualdades sociales y económicas que enfrenta nuestro país.
