1. Según lo establecido en la Constitución, una revocación de mandato debe ser convocada por un grupo de ciudadanos. En este caso, fue el mismo presidente quien la impulsó.
2. Para que esta se pudiese ejecutar, se requería la firma de por lo menos el 3% de la lista nominal de electores de la mayoría (17) de entidades federativas. Para cumplirlo, el proceso estuvo plagado de irregularidades y falsificaciones.
3. Si bien la ley prohíbe que la autoridad use recursos públicos y/o haga proselitismo en favor de la continuidad del titular del Ejecutivo, tanto el presidente, como su gabinete y partido, han violentado una y otra vez la ley.
Todo ello sin razón alguna ya que la gran mayoría de ciudadanos, inversionistas y actores internacionales entendemos que la continuidad de un presidente es fundamental para generar confianza y una posible revocación de su mandato significaría riesgos profundos para la –ya muy debilitada– gobernabilidad del país.
Es decir, el presidente impulsó una consulta que nos costará muchísimo a todos los mexicanos –según las declaraciones del mismo López tan sólo para instalar las casillas se gastarán 1,692 millones de pesos, sin contar el tiempo de los funcionarios del INE, el tiempo de los funcionarios y mandatarios locales que promueven dicho ejercicio, los millones de pesos que se han gastado en tapizar al país de publicidad en favor del presidente– cuando la inmensa mayoría de actores nacionales e internacionales queremos que el presidente termine su mandato según los tiempos establecidos en la Constitución.
López fue el presidente más votado de la historia moderna y, si bien su popularidad se ha visto mermada en el último año, sigue siendo un presidente muy querido. Por ello sorprende su insistencia en comprobar qué tanto logra convocar a este ejercicio.