A principios de 2016, el entonces presidente Enrique Peña Nieto promovió el “Debate nacional sobre el uso de la marihuana”, lo que derivó en la aprobación, en junio de 2017, de una iniciativa de ley que reformaba la Ley General de Salud y el Código Penal Federal y permitía, entre otras cosas, el uso medicinal del cannabis y la investigación clínica para sus productos. No obstante, pese a que se estableció un periodo de 180 días para publicar su reglamentación, esto no sucedió sino hasta enero de 2021.
Con el inicio de la administración de López Obrador, el debate sobre la legalización continuó. En total, durante la LXIV legislatura del Congreso de la Unión, se presentaron 18 iniciativas de legisladores de Morena, MC, PAN, PES, PRD y PT para regularizar el uso adulto del cannabis.
Entre ellas, destaca la iniciativa propuesta por la senadora Olga Sánchez Cordero, en noviembre del 2018, que expide la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis y que buscaba normar el uso de la marihuana para regular su producción, venta y consumo.
En 2019, la SCJN resolvió que la prohibición del consumo personal de cannabis es inconstitucional, por lo que ordenó al Congreso cambiar la ley antes del 31 de octubre de 2019. Hasta la fecha, el Congreso ha solicitado cuatro prórrogas a la Corte para resolver la inconstitucionalidad y aprobar la legislación correspondiente.
En noviembre de 2020, el Senado aprobó el dictamen que crea la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y reforma la Ley General de Salud y el Código Penal Federal, el cual retoma las iniciativas presentadas, basándose principalmente en la iniciativa de Sánchez Cordero.
En la Cámara de Diputados se aprobó hasta marzo de 2021, eliminando la creación del Instituto de Regulación y Control de Cannabis y ampliando las atribuciones a la Comisión Nacional Contra las Adicciones (CONADIC). Por ello, se devolvió al Senado en abril del 2021, en donde aún no se generan consensos para su aprobación, violentando el mandato de la Corte.
Aprovechar la oportunidad del cáñamo
Los avances en torno a la despenalización y el uso del cannabis en México se presentan de forma progresiva y, si bien aún falta mucho camino por recorrer para aprovechar al máximo el potencial que representa esa industria, resulta fundamental que se logre una diferenciación clara entre los usos del cannabis psicoactivo del no psicoactivo.
Crear una regulación diferenciada y orientada hacia el cáñamo o hemp permitiría detonar una importante cadena de valor —con base en la ciencia y en la tecnología—, robustecer la industria medicinal y fomentar los usos de su semilla: como alimento, incluyendo el pecuario, así como aceites, tintes, resinas, lubricantes; en fibra como textiles, celulosa, bioplástico, papel; o para combustible, como el etanol. Ello contribuiría a la generación de empleos, ingresos fiscales para el gobierno y oportunidades de desarrollo para las comunidades agrícolas.
Las diferencias son simples. Por un lado, están aquellas variedades del cannabis psicoactivo (marihuana) que presentan un contenido de más del 0.3% de THC y menos concentraciones de cannabidiol (CBD) que son asociadas al uso adulto. Por otro lado, se encuentra el cáñamo (hemp) no psicoactivo, que es una planta destinada al uso industrial, medicinal, alimentario, entre otras aplicaciones, misma que posee una concentración de 0.3% de THC o menos y mayores cantidades de CBD.
De acuerdo con “The Global Cannabis Report”, publicado por Prohibition Partners en diciembre de 2021, el mercado global de marihuana y sus derivados generará ventas por 102,000 millones de dólares para 2026. En ese mismo sentido, la empresa canadiense Xebra Brands ha indicado que México podría ser el principal productor del mercado estadounidense de cannabis debido a la ventaja industrial y el tamaño de mercado consumidor. Asimismo, según un reporte de Endeavor México, para 2028 el mercado cannábico nacional tendría un valor de 2,000 millones de dólares, con 67% de la rama médica y 33% recreativo.
