Las reformas legislativas publicadas el 13 de abril de 2020 representan la determinación de frenar la violencia política contra las mujeres en razón de género, dando pauta al Consejo General del INE para poner en marcha una serie de mecanismos orientados a prevenir, atender y sancionar cualquiera de sus expresiones, allanando el camino para el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mexicanas, y a hacer aplicables las penas y sanciones penales, civiles, administrativas o electorales que la ley dispone.
En congruencia con ello, se han emitido protocolos de atención para la actuación ciudadana e interinstitucional a nivel federal y en las entidades federativas y en los partidos políticos, y se armonizaron leyes locales; desde el INE se han emitido ordenamientos, acuerdos, rutas e instancias para la atención, reglamento de quejas y formatos de denuncia, lineamientos para que los partidos políticos nacionales y locales se sumen a estas acciones y guías para su prevención, atención y sanción, así como una serie de materiales y publicaciones que se pueden consultar en el sitio web https://igualdad.ine.mx/mujeres-en-la-politica/violencia-politica/ .
En el más reciente proceso electoral, el conjunto de estas medidas se puso a prueba: los resultados preliminares de la encuesta sobre las experiencias políticas de mujeres en el proceso electoral (presentados en la 26 Asamblea de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales) detectaron 619 casos de violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMG), predominando la violencia digital, y solo 19.50% de los casos se denunció: 72.2% en los OPLES, 16.7% por la vía penal y 11.1% en tribunales electorales. El monitoreo en medios arroja datos reveladores sobre exclusión de trayectorias, experiencias o propuestas electorales de las mujeres y de promoción de estereotipos de género.
La VPMG sufrida por una mujer en un municipio de Oaxaca resultó en la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Se ha identificado a personas responsables, y si bien visibiliza a las personas agresoras, pertenecer a dicho registro no ha sido suficiente para evitar reincidencias.
