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#ColumnaInvitada | El mundo del revés

Es claro que el gobierno actual busca reducir, a cualquier costo, el número de personas interesadas en mejorar la situación social del país, todo con el fin de concentrar en proyectos de gobierno.
dom 24 octubre 2021 11:59 PM
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El gobierno busca controlar los donativos y la labor de las asociaciones.

En las discusiones y debates que se dieron en los últimos días en la Cámara de Diputados, por la aprobación de la reforma fiscal, encontramos un tema particularmente difícil de entender: la pérdida de la autorización de donataria autorizada si las mismas no tienen más del 50% de sus ingresos por actividades relacionadas con su objeto social.

La falta de conocimiento del mundo real que viven las organizaciones de la sociedad civil, llamadas donatarias autorizadas, durante y después de la pandemia causada por el COVID, por parte de los legisladores, nuevamente muestra la separación entre la clase política de nuestro país y sus gobernados.

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Son indiscutibles las repercusiones económicas que el encierro generó: cierre de empresas, pérdida de fuentes de empleo, búsqueda en el mercado informal de una forma de subsistencia por parte de la mayoría de la población. Esto generó para las donatarias autorizadas la pérdida de ingresos por donativos y las ha llevado a buscar alternativas de generación de ingresos que les permita seguir operando.

Recordemos que estas organizaciones son, y deben ser vistas, como complementarias de las actividades que el gobierno no cubre, cuando debería cubrirlas. Ejemplo de ello son las organizaciones que proporcionan becas para personas de alto rendimiento académico. Otro ejemplo son todas las organizaciones encargadas de dignificar, valorar y empoderar a las mujeres. Son diversas las organizaciones que día a día luchan por los derechos humanos, tratar de demostrar la inocencia de personas de escasos recursos, muchas veces presos por no contar con ingresos para garantizar una fianza.

Las donaciones se encuentran acotadas, limitadas, desde hace varios años. Por parte de las empresas las donaciones son deducibles solamente hasta un 7% de su utilidad gravada, es decir, por a que deben pagar impuesto sobre la renta. Para las personas físicas cambia el esquema, estas pueden deducir hasta el 7% de sus ingresos acumulables.

Lo anterior ha limitado el quehacer de la sociedad civil, que cada día se enfrenta a más problemas para operar, tanto económica como socialmente. El voluntariado, el altruismo, cada vez es menos frecuente. Con este tipo de reformas solamente abonaran a incrementar sus dificultades.

Entendamos el esquema de ingresos de las donatarias autorizadas. El rubro que debiera aportar la mayor cantidad de ingresos es la de las donaciones de la sociedad civil, sin embargo y por los problemas económicos por los que atraviesa el país, esto cada vez es más difícil. El segundo rubro son los programas de apoyo gubernamentales. Para acceder a ellos se debe contar con una serie de requisitos, que en muchas ocasiones hacen imposible, para la mayoría de ellas, participar de tales recursos. El tercer concepto de ingresos son todas las actividades que desarrollan como rifas, prestación de servicios, cuotas de recuperación.

Es indiscutible que la propuesta para esta modificación viene bien sustentada, ya que todas las donatarias autorizadas tienen obligación de presentar su declaración anual, y en muchos casos, dictaminadas. Por otro lado, la autoridad recaudatoria conoce perfectamente el monto de ingresos y su procedencia ya que desde 2014 se está obligado a la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, los llamados CFDI.

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¿Cuál es la intención de la actual administración al hacer esta amenaza de la pérdida de la autorización para ser donataria autorizada? Es claro que la bandera anticorrupción, que se exhibe como principal estandarte del actual gobierno, quiere abarcar el control de las actividades de las también llamadas ong’s. En los últimos años hemos visto la pérdida del seguro popular, situación que afectó gravemente, tanto la economía como la salud de los mexicanos, el argumento fue la corrupción. Otros golpes han sido el cierre de comedores, guarderías, etc. Con la idea de que la corrupción ha llegado a todos los rincones de la economía y que se debe erradicar a cualquier costo, hoy lleva al Ejecutivo y Legislativo a hacer semejante propuesta.

Se ha de reconocer por parte de los especialistas en impuestos el abuso que varias empresas han hecho de este esquema. Solo hace falta dar un vistazo a la lista de donatarias autorizadas y la relación que tienen con grupos empresariales. Empresas de bebidas, tabacaleras y hasta alimenticias cuentan en su organización con una donataria autorizada. El motivo es claro, disminuir la carga fiscal para su grupo. Aquí me surge un cuestionamiento más: ¿qué de malo tiene que este grupo de empresas decida apoyar una causa en particular? Pareciera que todo quiere ser centralizado desde el Poder Ejecutivo, y que las prioridades que atienden las donatarias no coinciden con las del gobierno central.

Existen a nivel mundial muchos otros mecanismos de control y vigilancia para estas empresas, por ejemplo, gobernanza, control interno, elaboración de dictámenes y comprobación de actividades y la procesos y procedimientos de como se elegia a los posibles beneficiaros. El establecimiento de sanciones si no se cumplen dichos lineamientos puede ir desde una multa hasta la pérdida de su autorización. Pero aquí hablamos de violaciones concretas, no de la necesidad de allegarse recursos para su funcionamiento.

Es claro que lejos de alentar la participación de la ciudadanía y el involucramiento de esta en la resolución de sus problemáticas se buscó reducir, a cualquier costo, el número de personas interesadas en mejorar la situación social del país.

A este artículo lo titule “el mundo del revés” y el motivo es el siguiente. Muhammad Yunus, quien es un emprendedor social, banquero, economista y líder social bangladesí condecorado con el Premio Nobel de la Paz por desarrollar el Banco Grameen y ser el desarrollador de los conceptos de microcrédito, establece en diversas obras publicadas la necesidad de crear un esquema particular para las empresas sociales, digamos que en nuestro país son donatarias autorizadas –sí, esas que se quiere reducir por no tener el 50% de sus ingresos por su objeto social. En su obra Empresas sociales empresas para todos, Yunus nos da una gran cantidad de ejemplos de cómo estas empresas han transformado la vida de muchas personas colaborando gobierno, sociedad y empresas. ¿Cómo es posible que la actual legislatura, en particular del partido en el poder, no se asesore de especialistas en el tema? Es muy simple de responder la falta de conocimiento, pero sobre todo de sensibilidad.

Otro ataque a la organización de la sociedad civil es la eliminación del programa Escuelas Empresa como donatarias autorizadas, si bien en la exposición de motivos se establece de manera clara y contundente que dicho programa no está siendo utilizado, ya que se proporcionan cifras que establecen que desde 1990 que se creó el programa, solo fue autorizado uno, y que perdió dicha autorización al poco tiempo, no se establece en el documento comentado que a ninguna administración federal le interesó hacer mayor difusión del mismo. Si por una parte las empresas no tienen conocimiento de dicho programa y por otro no existe el interés de difundir sus beneficios es determinante que el programa terminará en el olvido.

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No está por demás hacer notar que pasará con organizaciones como la Cruz Roja, el tan atacado Teletón y muchos otros programas que han mostrado durante años sus beneficios para la sociedad. Y que el gobierno, en todas las administraciones, cuando menos desde el año 2000, no han sido capaces de crear instituciones que compitan o colaboran con las organizaciones antes mencionadas.

Es claro que estamos ante un nuevo intento de controlar todo cuanto sea aplicación de recursos. Es claro que el camino es delimitar aun más el poder de decisión que tiene la ciudadanía de qué actividades deben ser apoyadas. Pero se debe ser claro en que la delimitación de dichas opciones no es solo del actual gobierno, ya que en tiempos de Felipe Calderón se dio un golpe bajo a la sociedad limitando las deducciones personales al equivalente al 15% de los ingresos gravables o 5 salarios mínimos anualizados, lo que fuera menor, para incrementar la recaudación.

Cuando la corriente debería ser una mayor participación ciudadana, la estimulación del altruismo, la solidaridad y la subsidiaridad de la población lo que se impulsa es ahuyentar a todas las pocas personas que aun buscan ayudar al próximo.

Durante los próximos años, de ser aprobada dicha reforma, veremos incrementarse sustancialmente las protestas y manifestaciones sociales, ya que todas esas personas que hoy encuentran en las donatarias autorizadas un respiro, un oasis para aliviar su problemática, se verán obligados a demandar la solución a sus problemas mediante manifestaciones probablemente cada vez más violentas.

Si hacemos un análisis desde varias aristas de qué es lo que debe buscar la reforma fiscal, encontraremos que es una equidad contributiva, una mayor recaudación de los sectores informales y de los evasores, a todas luces esta propuesta no puede ser sostenida y sustentada bajo tales argumentos.

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Nota del editor: el autor es profesor del Departamento de Estudios Empresariales de la Ibero

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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