#ColumnaInvitada | El sueño mexicano es la desmilitarización

Con la entrada al 2000, los mexicanos pensamos que todo iba a cambiar con la alternancia de poder con el PAN, pero esto no fue así, como en ese entonces el Presidente tenía la facultad de nombrar al procurador general de la República, lo que hizo Fox fue nombrar a Rafael Macedo de la Concha como titular de la PGR, quien fue un general del Ejército, y que por cierto renunció debido a las protestas en su contra por iniciar el proceso de desafuero del actual presidente López Obrador, quien en ese tiempo era jefe de Gobierno del Distrito Federal, y como “premio” fue designado Agregado Militar en la Embajada de México en Italia. Evidentemente, el verdadero terror vendría después en la época calderonista.

Es importante puntualizar que la participación de la fuerza armada en labores de seguridad durante la presidencia de Calderón pendía de un hilo, pues les sorprendería saber que ni la Constitución ni la ley permitían expresamente que justificara la permanencia de los militares en la calle haciendo labores de seguridad pública, sino más bien la legitimación venía de unas tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte.

Al paso del tiempo en la época de Peña Nieto la militarización quiso tomar fuerza y ​​fundamento legal con la emisión de la ley de seguridad interior que cabe mencionar después fue declarada inconstitucional por nuestro máximo Tribunal. Sin embargo, por más paradójico que parezca, quien logró consolidar la militarización más que nunca ha sido el presidente López Obrador, esto mediante la Guardia Nacional que no es otra cosa que un caballo de Troya para soportar un gobierno a costa de la fuerza militar.

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A dos años de que inició el régimen excepcional y temporal de la Guardia Nacional, no vemos que se inviertan recursos en fortalecer policías o corporaciones. En cambio, vemos cada vez más poder desorbitado a la Sedena, por ejemplo, Tren Maya, aeropuertos, aduanas, todo ello con un cargado lenguaje político de la confianza presidencial a las fuerzas armadas.

Los hechos hacen prever que el actual gobierno, lejos de buscar la salida de los militares de la calle, busca perpetuar sus labores en seguridad ciudadana. La experiencia internacional es contundente, militarización es símbolo de violaciones a derechos humanos y aumento en ejecuciones y desaparición, por ejemplo, en la dictadura militar argentina se estima que 30.000 personas fueron desaparecidas entre 1976 y 1983. En Venezuela, desde la ascensión del poder de Hugo Chávez hasta el 2018, se registraron 333.029 muertos por violencia militar. Pero la gran interrogante se vuelve, ¿qué busca nuestro actual presidente? ¿Convertirnos en una dictadura militar como la que han experimentado algunos países de América Latina? Pero la gran interrogante se vuelve, ¿qué busca nuestro actual presidente?

¿Será que, con el apoyo de las fuerzas armadas, el Presidente ve un peligroso vehículo como única forma indispensable para darle viabilidad material y trascendencia a su política de estado o también conocida como la 4T? Esta última posibilidad nos parece la más acertada, sin embargo, cojea de dos grandes problemáticas. La primera es que no es clara cuál es esa prometida Cuarta Transformación. ¿Podría ser la transformación a un estado libertario? Y la segunda y la más importante: bajo esta lógica de usar al ejército para materializar su cambio, vamos a pagar justos por pecadores.

Nos parece sensato cambiar el statu quo, sin lugar a duda algo radical tenía que hacerse para combatir problemas como la corrupción, la impunidad y la pobreza que acogen al gran grueso de los mexicanos. Todos queremos una transformación, pero lo que ponemos en duda son los medios para hacerlo, medios que sin duda violarían derechos humanos de todos los mexicanos. ¿Realmente queremos renunciar a nuestras libertades individuales a cambio de la seguridad deseada? Es más, ¿el presidente puede disponer de nuestras libertades?

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