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#BuróParlamentario | Desafuero en México: ayer y hoy

El fuero es una de esas figuras jurídicas que, aunque muchas veces criticada, resulta necesaria para el desarrollo de la vida parlamentaria de cualquier país.
lun 16 agosto 2021 11:50 PM
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Sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, el 11 de agosto pasado, donde erige como jurado de procedencia para el desafuero en contra de Saúl Huerta, diputado de Morena.

Después de largas discusiones, sesiones pospuestas y un mediático debate, en un periodo extraordinario, el pleno de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, aprobó el dictamen de la Sección Instructora por el que se declara la procedencia de la acción penal (desafuero) en contra de los diputados federales Mauricio Toledo (del Grupo Parlamentario del PT) y Saúl Huerta (anteriormente en el Grupo Parlamentario de Morena).

El fuero es una de esas figuras jurídicas que, aunque muchas veces criticada, resulta necesaria para el desarrollo de la vida parlamentaria de cualquier país. La idea original de dar cierta protección a los parlamentarios surgió en Inglaterra a finales del siglo XIV. A raíz de que un representante popular se atrevió a cuestionar las razones del Rey Ricardo II para hacer incrementos continuos a los impuestos, éste fue sentenciado a muerte. Con ello se inició en Inglaterra un largo debate (de más de 300 años) que culminaría en la constitución de 1689 la cual incluyó un artículo que impedía enjuiciar a los parlamentarios por expresar sus opiniones o posturas políticas dentro de la asamblea.

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Casi 100 años después, en plena Revolución Francesa, la protección a los parlamentarios volvió a ser un asunto de discusión. En aquellos años, la cantidad de representantes populares puestos a disposición de los tribunales comenzó a crecer preocupantemente. Esto se debió a que en el poder judicial seguían trabajando funcionarios afines al rey Luis XVI. Para evitar que desde esa institución se minara la recién lograda representación popular, la constitución francesa de 1791 incluyó la previsión de que, incluso si eran sorprendidos cometiendo un delito en flagrancia, los representantes solo podrían ser juzgados hasta que la asamblea emitiera un veredicto por mayoría de sus miembros.

Como se puede advertir, la inmunidad parlamentaria fue útil para evitar que la asimetría de poderes entre los congresos y los reyes, y que, así, estos últimos no interfieran con las discusiones, conformaciones y decisiones internas de las asambleas. Esto garantizaría tanto la autonomía del parlamento frente otros poderes, así como una verdadera representación de los intereses del pueblo.

En el caso de México, la inclusión de un mecanismo de defensa de los representantes parlamentarios tiene su origen en la Constitución de Cádiz (1812), donde se previó una figura que diferenciaba entre delitos graves y menores. En el caso de los primeros, el Congreso y la Suprema Corte fungían como órganos de acusación y jurado respectivamente. Esta previsión de un jurado congresional como prerrequisito para la sujeción de un parlamentario al proceso penal se mantuvo en las constituciones mexicanas de 1824 y 1857.

Posteriormente, el texto constitucional de 1917 incluyó dos figuras que coexisten a la fecha. La primera, es la de fuero constitucional que se parece a la norma inglesa y refiere a que los legisladores federales pueden opinar y manifestar sus ideas en la asamblea sin ser reconvenidos por sus posturas. Asimismo, nuestra constitución tiene prevista una protección ampliada o inmunidad procesal, la cual señala que, para proceder penalmente contra ciertos representantes, se necesita de a la mayoría absoluta de la cámara para separar al funcionario de su cargo y entonces seguir el proceso por la vía penal.

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Antes de iniciar la actual legislatura en septiembre de 2018, la Cámara de Diputados tenía registrados, desde 1909, nueve procesos de desafuero. Y tan solo en esta legislatura se han llevado a cabo 3 votaciones en eventos de este tipo. La primera fue motivada a petición de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo para poder proceder en contra del entonces diputado Cipriano Charrez (Morena) quien, en octubre de 2018, conducía en estado de ebriedad y estrelló su vehículo contra un auto compacto el cual se incendió mientras Charrez huía del lugar.

Los otros dos casos son los de Mauricio Toledo y Saúl Huerta (votados el pasado miércoles 11 de agosto). El primero es acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de enriquecimiento ilícito. Hay que comentar que, a pesar de lo tardada que fue la convocatoria para un periodo extraordinario, donde se decidiera su desafuero, no le benefició haber formado parte, aunque fuera de manera indirecta, de un par de eventos violentos contra la campaña de la actual jefa de gobierno y actual delfín del presidente. Por su parte, Saúl Huerta está acusado, por la misma fiscalía local, por intento de abuso sexual a menores de edad. La mera naturaleza del delito, así como la presión de padres de familia, medios y oposición, fueron suficientes para someter el asunto a votación en este último periodo extraordinario.

Hace unos meses, tanto Huerta como Toledo estaban interesados en reelegirse. El primero dejó de buscar la candidatura porque la campaña habría sido un proceso cuesta arriba. Y la misma dirigencia de Morena le sugirió ni siquiera indagar opciones. Sin embargo, Toledo (que entró a la LXIV Legislatura como legislador plurinominal del PRD) fue candidateado por la coalición MORENA-PT para reelegirse por mayoría relativa en el distrito 5 de Puebla. De hecho, Toledo arrasó en la elección ganando por una diferencia de más de 25 mil votos a su competidor de la coalición PAN-PRI-PRD.

Sabiendo que Toledo está “visitando a su familia en Chile” y ante la pregunta que algunos se plantean si podría seguir gozando de fuero, importa decir que, en este momento, el congresista ya no goza de inmunidad procesal. Pero, si volviera a tomar posesión para el cargo por el cual fue electo, entonces gozaría nuevamente de fuero y tendría que iniciarse otro juicio de procedencia en su contra por parte de la LX Legislatura (2021-2024).

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Nota: Sergio A. Barcena es doctor en Ciencia Política por la UNAM. Especialista en Poder Legislativo. Investigador del Tec de Monterrey y director de la asociación Buro Parlamentario.

Buró Parlamentario es una asociación civil que busca vigilar al Poder Legislativo promoviendo una ciudadanía informada, activa y participativa.

Twitter: @BuroParlamento

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Nota del editor: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.

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