La situación se complejiza aún más si consideramos que la ley ofrece distintos beneficios fiscales en favor del 10% de la población con mayores ingresos, como es el caso de los gastos personales, que luego pueden deducirse de la declaración anual. Estos gastos incluyen intereses reales por créditos hipotecarios o aportaciones al fondo de retiro. De acuerdo con la información pública más reciente, en 2019 podrían haberle costado al Estado mexicano 25,469 mdp, y de dicho monto, los contribuyentes más ricos concentran más del 93%.
Necesitamos más y mejores impuestos a la propiedad
Los impuestos al patrimonio gravan la titularidad o la transferencia de bienes entre las personas. Desde una perspectiva comparada, nuestra recaudación es sumamente baja. Mientras que los países de la OCDE recaudan en promedio el 1.1% del PIB, en México este indicador es del 0.33%. La recaudación en México es inferior a la de Hong-Kong, una jurisdicción considerada un paraíso fiscal.
Aumentar la recaudación de este tipo de impuestos implica corregir los graves problemas del predial y revertir la eliminación del impuesto a la tenencia. Según nuestras estimaciones, si todas las entidades federativas aplicarán tasas progresivas del predial similares a las de la CDMX y redujeran la cantidad de beneficios fiscales que forman parte del diseño de este impuesto, podrían recaudarse hasta $378 mil mdp anualmente; casi 7 veces más de lo que se recauda en la actualidad. Respecto a la tenencia hemos estimado que, si las entidades federativas recaudaran lo mismo que la Ciudad de México en términos per cápita, la recaudación pasaría de los $18,283 mdp actuales a $80,480 mdp.
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Existen otras opciones tributarias para aumentar la recaudación proveniente de la propiedad, como gravar las herencias y donaciones o valorar la posibilidad de crear un impuesto a la riqueza neta. Este tipo de tributos ya existen en otras partes del mundo, y como suelen enfocarse en las personas ultra ricas, son altamente aceptados por la ciudadanía. En México, desafortunadamente, las herencias y las donaciones se encuentran totalmente exentas, y la implementación de un impuesto a la riqueza ha sido descartada.
México atraviesa por una grave crisis que, en buena medida, es consecuencia de la falta de voluntad por mejorar la progresividad de nuestro sistema tributario. Hacerlo no solo significa aumentar nuestros niveles de recaudación: también es un acto de justicia que no puede esperar más.
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Notas del editor:
El autor es coordinador del programa de Justicia Fiscal en Fundar
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.