Es precisamente en el Poder Ejecutivo, hace ya más de una década, que se asentaron los primeros cimientos para un proyecto de Gobierno Abierto; surgido directamente de la administración del expresidente estadounidense Barack Obama, se sintetiza en tres hitos. Los dos primeros, definidos a partir de los documentos “Transparencia y Gobierno Abierto” de enero de 2009 y “Directriz para el Gobierno Abierto” de diciembre, también de 2009. El tercero de los hitos, en 2011, se da cuando dicho exmandatario presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el Open Government Partnership, conocido también como Alianza para el Gobierno Abierto, de la que México forma parte desde su aprobación.
Sin embargo, uno de los cuestionamientos principales a lo largo de los últimos años ha sido la incorporación de los demás poderes y órganos estatales, de todos los niveles, a un proyecto compartido de Estado Abierto, regido por los principios de transparencia, participación y colaboración, cuyo fin primordial es fortalecer la cultura de la participación ciudadana, la transparencia como instrumento de empoderamiento y rendición de cuentas, así como la cooperación entre las instituciones con el fin de construir nuevas vías para trabajar de manera conjunta con la sociedad. La justicia no escapa a esa óptica, sino más bien resulta indispensable para llevar a cabo la integración de todo el Estado a una nueva filosofía de la administración pública, como uno de sus fines primordiales y, sobre todo, la incorporación de un nuevo paradigma de servicio público.
La idea de integrar a todo el aparato estatal en un nuevo esquema de gobernanza participativa es también uno de los objetivos de la Agenda 2030. Las acciones de cooperación interinstitucional deben multiplicarse, en aras de sumar los servicios estatales de justicia al esquema del Gobierno Abierto.
El pasado 14 de julio, las y los Comisionados que integramos el Pleno del INAI, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Titular del Consejo de la Judicatura Federal celebramos un Convenio General de Colaboración, como parte de las acciones necesarias para la consolidación de un modelo de justicia abierta con unas instituciones más próximas a la ciudadanía, que va más allá de la publicidad de las sentencias o la jurisprudencia –como lo mandata el reformado artículo 73 de la Ley General de Transparencia–, dando a conocer, a través de los diversos mecanismos de la transparencia, los quehaceres del Poder Judicial Federal. Así, los derechos y obligaciones que derivan del Convenio General de Colaboración se inscriben en el eje rector de la Justicia Abierta, principio esencial de la democracia constitucional.
