#ColumnaInvitada | Gasto en infraestructura escolar: a la buena de Dios

El asunto se torna más interesante. Sí existen aún tres programas de subsidios directos con objetivos relacionados a la mejora de la infraestructura educativa; sin embargo, no se registran en el rubro de inversión física. Se trata de un gobierno con la creatividad contable suficiente como para registrar como inversión física el gasto del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares de la Secretaría de Economía, un programa que entrega subsidios vía gasto corriente, que no tienen como objetivo el desarrollo de infraestructura (como hemos documentado desde los Números de Erario de México Evalúa a lo largo del año pasado). Pero en este caso no registra como tales programas que sí tienen esa meta. Curioso. ¿Por qué?

Veámoslo con detenimiento. Se trata del programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el Programa Nacional de Reconstrucción y La Escuela es Nuestra. El primero impulsa proyectos de autoconstrucción en planteles de educación superior. El segundo impulsa acciones de infraestructura física educativa en los municipios afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, pero perdió casi todo su presupuesto en el PEF 2021. El último se fija los objetivos de impulsar la infraestructura educativa a través de la entrega de subsidios a los padres y madres de familia de planteles escolares en zonas marginadas; o sea, los recursos son ejercidos fuera de la Tesofe. Puede que ahí esté la pista de que no se clasifiquen como gasto de inversión física. El hecho es que el programa inició operaciones en 2019 con un presupuesto de 2.7 mmdp. En 2020 su presupuesto se incrementó 170%, y para este año se prevé un aumento de 64%, por lo que el programa podría ejercer 12.2 mmdp.

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El pasado 7 de junio la SEP anunció el retorno voluntario a clases presenciales. El acceso garantizado a jabón y agua o gel en las escuelas, el uso de cubrebocas y la sana distancia son pilares de esta estrategia, pero se omite un pilar fundamental: la inversión en infraestructura, tan necesaria ante retos que los planteles educativos enfrentaban incluso antes de la Covid-19. En el país hay un porcentaje considerable de escuelas que no cuenta con la infraestructura escolar para brindar las condiciones de saneamiento e higiene necesarias, y mucho menos con los recursos tecnológicos que se han vuelto tan esenciales con la pandemia. Peor aún: no contamos con una evaluación precisa de las condiciones de la infraestructura escolar actual, principalmente de los servicios de agua y drenaje tan esenciales para los protocolos de limpieza e higiene.

Estas carencias del Sistema Educativo Nacional son más visibles en la educación básica. En el país hay 198,192 escuelas públicas en este nivel. Con respecto a los servicios básicos, 27% de ellas no cuentan con servicio de agua potable, 31.6% no cuenta con lavabos de manos, 14.9% no tiene electricidad y 17.3% no tiene sanitarios independientes. Como se ve, la magnitud y efectividad del gasto en inversión física escolar son imprescindibles, y acaso más si se toma en cuenta que durante el cierre escuelas de educación primaria en varios estados fueron vandalizadas.

Con planteles que presentan rezagos que dificultan el aprendizaje, y que también imposibilitan las medidas de higiene básicas, ¿debe el Gobierno apostar por la entrega de inversión física para la educación básica en forma de subsidio? Es decir, ¿para que ésta se gaste fuera de las arcas gubernamentales, a la buena de Dios?

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[1] Se considera la inversión física del gasto funcional en educación, más el gasto total de inversión de la Secretaría de Educación Pública, el cual incluye el gasto en funciones de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales.

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Notas del editor: la autora es coordinadora del programa de Gasto público de México Evalúa.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autora.