La democracia exige un compromiso permanente e irrenunciable. Cuidarla nos corresponde a todos; pero en mayor medida a quien tiene más capacidad para dañar o quebrarla o, lo deseable, defenderla y fortalecerla: el presidente: el jefe del Estado.
Por este motivo Expansión se opuso en marzo de 2005 a la estrategia diseñada desde el gobierno del presidente Vicente Fox para detener la candidatura presidencial del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
Meses después la demanda del desafuero quedaba desestimada.
Las consecuencias de lo sucedido entonces y en las elecciones posteriores las pagamos con una ley electoral (impulsada por la entonces oposición) que resultó tan restrictiva que, 16 años después, varios candidatos de diversos partidos, incluidos los de Morena quedaron fuera de la contienda electoral por incumplirla. El presidente y Morena han hecho pública su insatisfacción sobre estas decisiones, que podrán ser revisadas en el futuro, y quedará pendiente saber si el proceso fue inequitativo entre partidos. Pero es un proceso lleno de contrapesos e instancias de revisión, en el que se ponían sobre la mesa derechos políticos a partir de incumplimientos de la ley electoral.
Algo muy distinto es el uso de las herramientas del Estado a menos de tres semanas de los comicios para perseguir penalmente a servidores públicos o candidatos de oposición. Da la impresión que para ello están siendo utilizadas la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al anunciar una investigación incipiente que puede implicar penas privativas de la libertad contra dos candidatos opositores en una elección en un estado clave, Nuevo León –en la que la representante de Morena ha caído en último lugar en todas las encuestas.
La tentación de encarcelar opositores o amenazarlos no sería propio del Ejecutivo Federal, mucho menos de uno encabezado por alguien con antecedentes de luchador social a favor de la democracia. Si la probable ofensiva del Estado que se está llevando a cabo en Nuevo León busca distraer la atención respecto al accidente de la Línea 12 y sostener vivo el peso de la llamada 4T en el Congreso y los estados, sería un doble ataque al estado democrático y a la transparencia. Si es para perseguir probables delitos electorales, falta poner la lupa sobre los casos igualmente cuestionables de todos los partidos y en todos los estados y municipios del país que participan en la fiesta democrática del 6 de junio.
Lejos estamos en Expansión de defender a quienes violen las leyes electorales, el uso ilícito del dinero en las campañas o el lavado de dinero. Los delitos deben ser investigados. Ante esto, es indispensable una Fiscalía General autónoma. Si este último punto no se cumple, podríamos caer como Estado en situaciones de justicia selectiva, en la que Expansión, como hizo hace 16 años, debe levantar la voz para defender el estado de derecho y el rol del Ejecutivo federal como defensor de la democracia y sus instituciones. De una democracia de todos, no en la que solamente estén de acuerdo algunos.
La democracia exige un compromiso permanente e irrenunciable, y cuidarla nos corresponde a todos; pero en mayor medida a quien tiene mayor capacidad para dañarla, quebrarla o lo deseable, defenderla y fortalecerla: el presidente.
________________________________
Autor: Editorial Expansión
