Lo anterior fue de suma importancia, pues no sólo homologaba al Estado mexicano, en sus tres niveles, respecto de sus obligaciones en materia de transparencia, sino que además posibilitó trazar la ruta para consolidar un sistema nacional, cuyo marco legal partía de lo mandatado por la propia Constitución federal en su artículo 6°, mismo que se volvería a reformar nuevamente en 2014, abriendo la posibilidad de concentrar la información en una sola fuente, cuya consolidación, un año más tarde, se materializaría a través de la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), brindando además autonomía constitucional a los órganos garantes federal y estatales, y ampliando sus facultades y competencias.
Ese Poder Reformador de 2014, precisamente, es el que transitaría hacia la promulgación de una Ley General, que permitió armonizar las obligaciones de un sistema de transparencia que abarca a todo el Estado y cualquier ente público o privado que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, a nivel federal, estatal y municipal, consolidando así un catálogo que se fue ampliando progresivamente, a fin de brindar a la ciudadanía un medio de acceso a toda la información que es eminentemente pública, respecto de todos los sujetos obligados a transparentar su quehacer, en la búsqueda del principio de máxima publicidad.
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Tan sólo por citar un ejemplo de la utilidad de la PNT para acceder a información relativa a todos los niveles de gobierno, se había realizado la carga de un total de 4 mil 500 millones de registros, que corresponden a información de los diferentes formatos que se tienen configurados de obligaciones de transparencia. Pero, a fin de que la sociedad pueda consultar de forma más sencilla la información de su interés, se habilitó un buscador nacional y buscadores temáticos sobre temas en específico como: Directorio, Sueldos, Servicios, Trámites y Contrataciones de bienes, servicios y obra pública.
