Resultaría muy difícil explicar el origen de una Ley General, cuando ya se tiene una Ley Federal vigente, si no tenemos en cuenta la jerarquía normativa, la supremacía constitucional, la naturaleza del pacto federal y los compromisos internacionales adquiridos por México. La entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 5 de mayo de 2015, es un gran ejemplo de esa génesis legislativa que aparentemente no encuentra su inmediata explicación, sino por los fines perseguidos que, en este caso, cambiarían el panorama entero de la transparencia en nuestro país.
Así, el origen de esta Ley General se remonta hasta la reforma de 2007 al artículo 6° constitucional, en la que, entre otras cosas, se comprometió a las entidades federativas y municipios a garantizar el derecho y acceso a la información, ya no sólo a nivel federal, sino y a partir de ese momento, en las leyes estatales que debían tener un piso mínimo de transparencia y acceso a la información pública en todo el país.
