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A seis años de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

La #ColumnaInvitada de este jueves, a cargo de la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, expone los beneficios de un sistema nacional para el ejercicio de acceso a la información.
jue 13 mayo 2021 06:20 AM
(Obligatorio)
Transparencia como beneficios de una Ley General.

Resultaría muy difícil explicar el origen de una Ley General, cuando ya se tiene una Ley Federal vigente, si no tenemos en cuenta la jerarquía normativa, la supremacía constitucional, la naturaleza del pacto federal y los compromisos internacionales adquiridos por México. La entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 5 de mayo de 2015, es un gran ejemplo de esa génesis legislativa que aparentemente no encuentra su inmediata explicación, sino por los fines perseguidos que, en este caso, cambiarían el panorama entero de la transparencia en nuestro país.

Así, el origen de esta Ley General se remonta hasta la reforma de 2007 al artículo 6° constitucional, en la que, entre otras cosas, se comprometió a las entidades federativas y municipios a garantizar el derecho y acceso a la información, ya no sólo a nivel federal, sino y a partir de ese momento, en las leyes estatales que debían tener un piso mínimo de transparencia y acceso a la información pública en todo el país.

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Lo anterior fue de suma importancia, pues no sólo homologaba al Estado mexicano, en sus tres niveles, respecto de sus obligaciones en materia de transparencia, sino que además posibilitó trazar la ruta para consolidar un sistema nacional, cuyo marco legal partía de lo mandatado por la propia Constitución federal en su artículo 6°, mismo que se volvería a reformar nuevamente en 2014, abriendo la posibilidad de concentrar la información en una sola fuente, cuya consolidación, un año más tarde, se materializaría a través de la creación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), brindando además autonomía constitucional a los órganos garantes federal y estatales, y ampliando sus facultades y competencias.

Ese Poder Reformador de 2014, precisamente, es el que transitaría hacia la promulgación de una Ley General, que permitió armonizar las obligaciones de un sistema de transparencia que abarca a todo el Estado y cualquier ente público o privado que reciba o ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad, a nivel federal, estatal y municipal, consolidando así un catálogo que se fue ampliando progresivamente, a fin de brindar a la ciudadanía un medio de acceso a toda la información que es eminentemente pública, respecto de todos los sujetos obligados a transparentar su quehacer, en la búsqueda del principio de máxima publicidad.

Tan sólo por citar un ejemplo de la utilidad de la PNT para acceder a información relativa a todos los niveles de gobierno, se había realizado la carga de un total de 4 mil 500 millones de registros, que corresponden a información de los diferentes formatos que se tienen configurados de obligaciones de transparencia. Pero, a fin de que la sociedad pueda consultar de forma más sencilla la información de su interés, se habilitó un buscador nacional y buscadores temáticos sobre temas en específico como: Directorio, Sueldos, Servicios, Trámites y Contrataciones de bienes, servicios y obra pública.

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Además, durante el año pasado, las autoridades del ámbito federal recibieron un total de 228 mil 328 solicitudes de información pública, de las cuales más de 15 mil derivaron en medios de impugnación, en el 47.8 % de los cuales el INAI resolvió modificar, revocar u ordenar a las autoridades la entrega de una respuesta complementaria a favor de la solicitud de información. De hecho, históricamente, más de 2 millones de solicitudes han sido presentadas por medios electrónicos.

Así, a seis años de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, México ha podido consolidar un sistema nacional verdaderamente efectivo para el ejercicio de acceso a la información, reconocido como derecho humano en la Constitución y en los instrumentos internacionales, tanto globales como regionales, suscritos por el Estado mexicano, siendo además parte de los compromisos adquiridos a través de dichos instrumentos a nivel internacional, como un paso más en la protección y promoción de los derechos humanos, así como también parte de la consolidación de la Alianza para el Gobierno Abierto y, concretamente, la Declaración Conjunta de Gobierno Abierto para la Implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, entre cuyos objetivos se encuentra construir un nuevo marco de gobernanza pública basado en un conocimiento de la realidad social y la actividad pública en manos de una ciudadanía cada vez más y mejor informada.

Como parte del esfuerzo institucional por promover y articular políticas y estrategias en materia de transparencia, acceso a la información y datos abiertos, rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración e innovación cívica, se merece encarecidamente celebrar estos seis años.

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Nota del editor:

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

La autora es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

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