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#ColumnaInvitada | Riqueza, mujeres y desigualdad

La experiencia de vivir un año con la pandemia del coronavirus nos deja claro que urge priorizar el cumplimiento de los derechos humanos, sobre los intereses económicos.
lun 29 marzo 2021 12:01 AM
Pandemia por COVID-19 dejará 50% más de niños y adolescentes en pobreza.
Miles de familias han resultado afectadas en sus empleos y nivel de vida por la pandemia.

Se cumplió un año de que la OMS decretara el estado de pandemia por la rápida transmisión del virus SARS-COV-2 a lo largo y ancho del planeta. Entre las consecuencias directas están la saturación de los servicios de salud debido a la gran cantidad de personas enfermas de COVID-19 en sus estados más graves. Esta situación demandó soluciones a la ciencia, pero también terminó por evidenciar grandes fallas del sistema económico y financiero en el que vivimos al exacerbar los brutales efectos de la desigualdad estructural que replican. Desde investigaciones científicas en torno a los coronavirus que se detuvieron y proyectos que nunca fueron financiados por no resultar “redituables” a largo plazo, hasta la forma en que los gobiernos dirigen y priorizan sus objetivos de desarrollo.

Es necesario –más que nunca− replantear la consolidación del Estado de Bienestar a través de servicios públicos eficientes y accesibles que en verdad permitan mejorar la calidad de vida de las personas. El deteriorado sector de salud pública enfrenta fuertes limitaciones, e incluso ha transferido parte de sus responsabilidades al servicio privado, a través de medidas de protección social como seguros, por sus condiciones reducidas presupuestalmente. Sin embargo, la experiencia del coronavirus nos deja claro que no podemos continuar así, y que urge priorizar el cumplimiento de los derechos humanos, sobre los intereses económicos.

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Esto me lleva a pensar más profundamente en los efectos que ha tenido la idea de crecimiento económico basada en la riqueza que limita o evita poner a consideración el desarrollo humano y el impacto ambiental. Quizá más allá de esta crisis, conviene revisar un fenómeno que se ha desarrollado en las últimas décadas de manera exponencial. La asimetría de la distribución de la riqueza que ocurre con la paralela pauperización de un sector mayoritario de la población y el aparente proceso de extinción de las clases medias. Recientemente con más fuerza han surgido diversidad de estudios y notas que cuestionan la riqueza de varios multimillonarios que frente a un mundo en crisis han podido engrosar sus cuentas bancarias y hacer frente a este contexto en condiciones diametralmente distintas a las del resto. Los números no mienten. El 1% más rico de la población posee más del doble de riqueza que 6900 millones de personas de la base de la pirámide. Tan solo los 22 hombres más ricos del mundo cuentan con más recursos que la suma de los de todas las mujeres que habitan el continente africano. (“Tiempo para el cuidado” de Oxfam: 2020)

No es en vano que en el imaginario social encontremos como fotografía de la pobreza extrema a niñas, niños y también a mujeres de la tercera edad, en todo el mundo. Las estadísticas indican que estos sectores son los más golpeados por las crisis debido a que son prácticamente invisibles para las leyes, poco redituables en términos electorales y, por lo tanto, para acceso a servicios públicos como salud, educación, vivienda; a trabajo digno, y a protección social. La feminización de la pobreza es una realidad. Las condiciones de desigualdad con las que viven las mujeres se agudizan y fenómenos como el embarazo adolescente y la violencia de género perpetúan este círculo de precariedad. A ello hay que agregar otro fenómeno importantísimo, la asignación cultural patriarcal que recae en las mujeres. Me refiero al trabajo, no remunerado, enfocado a labores domésticas y de cuidado del hogar y la familia.

Nuestro país de brechas, multidimensionales e inter seccionales, visibiliza las relaciones de desigualdad y sus características. Resulta indispensable integrar políticas públicas dirigidas a cerrarlas con administraciones comprometidas con el bienestar. Pero ¿qué significa esto? En primera instancia, que debemos contar con estudios que permitan medir las brechas con lo que se desarrolle evidencia de las circunstancias reales del país. Instituciones como INEGI y CONEVAL emiten datos confiables que pintan una fotografía de la realidad, estas mediciones retratan fenómenos sociales como la discriminación, la impunidad, la pobreza, entre otros, y también permiten conocer qué avances se van logrando a través de las diversas estrategias de gobierno.

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Lo siguiente es vigilar que la gestión de los recursos públicos se encamine a atender estos males en particular, que impiden el desarrollo humano, el crecimiento económico y el libre ejercicio de los derechos de la mayoría de la población. Insistir en estos temas y “afinar la puntería” a cada ciclo presupuestal. Se requiere evaluar los resultados, fiscalizar, impulsar mejoras y dar continuidad a proyectos y programas exitosos, así como evitar caer en una dinámica de reinicio con cada gestión.

En resumen, un puñado abrumador de hombres poseen riquezas valuadas en millones de millones de dólares, mientras millones de personas viven en pobreza extrema. Y sí, entre millonarios también hay desigualdad de género, las mujeres que alcanzan a estar incluidas en los últimos rankings son alrededor del 10% y varias se encuentran en la lista por haber heredado fortunas por viudez, divorcio o haber nacido en una de estas conocidas familias.

Lo cierto es que de bajo de los efectos de la pandemia veremos –o deberíamos ver– también una transformación más profunda y duradera de un nuevo modelo de desarrollo. La humanidad requiere que la economía se concentre en los recursos y el crecimiento y desarrollo más allá de lo que podría o no ser un buen negocio. La actualidad exige tomar decisiones incluyentes, que apoyen el desarrollo de la humanidad, con una división de trabajo justa, conscientes de su impacto ambiental y más aún, con ética y en favor de los derechos humanos.

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Nota del editor: la autora es titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Instituciones de la ASF.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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