México, el país de los antimonumentos que exigen acabar con la impunidad
Víctimas de diversas violaciones a los derechos humanos han encontrado en estos memoriales una vía para exigir justicia y garantías de no repetición de abusos y tragedias.
La Antimonumenta fue colocada en 2019 frente al Palacio de Bellas Artes por madres de víctimas de feminicidio. (Andrea Murcia / Cuartoscuro)
Melissa Galván
"¡Ni perdón ni olvido!" se ha vuelto una de las consignas más constantes en México, donde hay más de 80,000 personas desaparecidas, en promedio se cometen 10 feminicidios al día, se han localizado cerca de 4,000 fosas clandestinas, hay masacres contra migrantes y solo el 1% de los delitos es resuelto.
Por cada una de estas tragedias, el país ha visto el surgimiento de antimonumentos, en su mayoría erigidos en la Ciudad de México a la vista de habitantes y turistas. Algunos fueron colocados de forma permanente por las familias de las víctimas y otros son intervenciones, como la inscripción de los nombres de víctimas de feminicidio en el muro que rodeó a Palacio Nacional antes de la marcha del 8 de marzo.
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Pero sin importar su forma o durabilidad, todos estos antimonumentos tienen el mismo objetivo: mantener viva la memoria, denunciar la impunidad y exigir la no repetición.
Rosa Salazar, coordinadora del Laboratorio de Derechos Humanos, Comunicación y TIC, los describe como memoriales, y la memoria, dice, es un mecanismo de exigencia de la justicia de quienes han sufrido violaciones a sus derechos humanos.
"Es importante entender que, si no se logra tener una memoria activa y crítica, se tiende a olvidar la acción de la violación de derechos humanos contra las propias víctimas, las madres y los hijos; pero también, como sociedad, nos deben eso: la no repetición", dice en entrevista.
Rocío Castillo Garza, investigadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género de El Colegio de México, coincide en que los antimonumentos permiten contrarrestar prácticas de impunidad y olvido, y son un esfuerzo por construir discursos contrarios a los nacionalistas, como hacen los monumentos tradicionales reconocidos por el Estado.
Son un síntoma del hartazgo social en torno a la impunidad, sobre todo frente a crímenes en los que las familias no pueden llorarle a sus desaparecidos".
Rocío Castillo
Salazar señala que el agravio hacia una persona o un grupo es un agravio para toda la sociedad. Por ejemplo, el caso Ayotzinapa evidenció que persiste una crisis de desapariciones a manos del Estado y los asesinatos de mujeres en Chihuahua en los 90 llevaron al reconocimiento de los feminicidios en México.
En este sentido, destaca que tener estos memoriales da la oportunidad de recordar y entender como sociedad cómo trascienden las violaciones a los derechos humanos.
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De las cruces rosas a La Antimonumenta
Cada clavo en esta cruz corresponde a una víctima de feminicidio en Chihuahua. (Nacho Ruiz / Cuartoscuro)
Los primeros memoriales para las víctimas de feminicidio en México están en Chihuahua. Uno es la Cruz de Clavos colocada en 2001 en la Plaza Hidalgo, en la capital del estado, pero esta fue destruida durante el mandato de Patricio Martínez (PRI). Colectivos instalaron una nueva, y cada clavo representa a una mujer asesinada en esa entidad.
Posteriormente, fueron clavadas cruces rosas en el campo algodonero de Ciudad Juárez, también en Chihuahua, donde en 2001 se localizaron los cuerpos de ocho mujeres.
En la CDMX, frente al Palacio de Bellas Artes, madres de víctimas de feminicidio instalaron en 2019 La Antimonumenta contra la violencia de género, donde cada 8 de marzo y 25 de noviembre las familias dan sus testimonios.
El pasado 7 de marzo, previo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, colectivas feministas transformaron la larga valla de metal colocada alrededor de Palacio Nacional en un "muro de memoria", escribiendo los nombres de víctimas de feminicidio.
Algo similar ocurrió en agosto de 2019, cuando mujeres escribieron "México feminicida" en la placa del Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital. Colectivas feministas buscaban que las pintas no fueran borradas.
Castillo Garza, también doctora en Antropología, expone que estas intervenciones son una manera de apropiarse no solamente de espacios públicos, sino de los discursos, y resultan muy incómodas para el Estado.
"Es para instalarse sobre ellos y hacer mella, y construir nuevas narrativas que están visibilizando que hay conflictos profundos que nuestras instituciones no han podido atacar satisfactoriamente porque 'no pasa nada, o no es tan grave, o ya chole'", dice.
De 2015 a la fecha, en México se han cometido 4,754 feminicidios. Las cifras más altas se alcanzaron en 2019 con 969 casos, y el Estado de México y Veracruz se ubican como las entidades más peligrosas para las mujeres, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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"Vivos se los llevaron"
El 26 de abril de 2015, familias de los normalistas desaparecidos colocaron el número 43 sobre Paseo de la Reforma y Bucareli. (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)
El primer antimonumento levantado en la CDMX data de abril de 2015. Se trata del +43 colocado sobre Paseo de la Reforma en honor a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, a manos de policías y el crimen organizado.
Debajo de este antimonumento se lee "Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos", y está acompañado por una escultura de tortuga, colocada en 2018, en el cuarto aniversario del caso considerado la punta del iceberg de las desapariciones forzadas en el país.
Esa zona de Reforma ha sido renombrada por ciudadanos como la "esquina de la resistencia", pues casi en frente se levantó otro antimonumento en enero de 2018. Este tiene forma de "T" y es en honor a David Ramírez y Miguel Rivera, dos estudiantes universitarios secuestrados en una carretera de Guerrero en 2012.
El tercer antimonumento instalado en la CDMX en enero de 2018 es este, en honor a David y Miguel, dos jóvenes que fueron secuestrados cuando viajaban rumbo a Ixtapa Zihuatanejo. (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)
El 2 de octubre de 2018 se colocó otro memorial en la entrada al Zócalo de la capital con motivo del 50 aniversario de la masacre estudiantil de 1968, la cual dejó cientos de muertos y desaparecidos.
Desde 2006 a enero pasado, un total de 80,888 personas se encuentran desaparecidas o no localizadas, y cerca del 77% de los casos se concentra en 10 estados, entre ellos Guerrero, según los informes de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Para Salazar, estos antimonumentos recuerdan que el Estado tiene una deuda histórica con las víctimas, las familias y la sociedad. "(Es) una deuda que nos muestra que puede ser susceptible de volverse a repetir, porque aun cuando hay un avance en el reconocimiento de los derechos, siempre hay retrocesos", expresa.
"Nunca más"
Desde 2017, padres de los 49 niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC acuden al antimonumento en Paseo de la Reforma. (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)
El segundo antimonumento erigido en la CDMX data de junio de 2017. Padres de los 49 niños fallecidos en el incendio de la Guardería ABC de Sonora, en 2009, colocaron un memorial frente a la sede del IMSS en Paseo de la Reforma.
"49 ABC Nunca más" se lee en él, acompañado por las réplicas en bronce de los zapatos de los niños fallecidos en el incendio, por el cual no hay ningún alto funcionario detenido.
A 15 años del colapso de la mina en Pasta de Conchos, las familias colocaron en 2018 un antimonumento en honor a los 65 trabajadores fallecidos. (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)
En febrero de 2018, en el 12 aniversario de la explosión de la mina de carbón de Pasta de Conchos, en Coahuila, familiares de los 65 trabajadores fallecidos colocaron un +65 frente a la Bolsa Mexicana de Valores, también en Reforma.
Las familias exigen desde 2006 que el siniestro se investigue como negligencia por las condiciones de la mina y las precariedades laborales, así como el rescate de los 65 trabajadores que quedaron atrapados en el colapso, algo con lo que se comprometió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El más reciente antimonumento en la capital fue levantado el 23 de agosto de 2020. Es el número 72 y tiene la leyenda "Migrar es un derecho humano". Se ubica frente a la embajada de Estados Unidos y es un reclamo por el asesinato de los 72 migrantes de San Fernando, Tamaulipas, cometido 10 años atrás.
En agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de diversos países de Centroamérica fueron asesinados en ese municipio por supuestos integrantes de Los Zetas. Las víctimas fueron apiladas y puestas a la intemperie. Aunque hubo detenidos, la ONU demandó del Estado mexicano una explicación clara de la masacre y tomar acciones para la no repetición.
La violencia contra los migrantes que cruzan México no ha cesado. Basta recordar los 19 cuerpos calcinados en Camargo, también en Tamaulipas, localizados en enero pasado. De 2016 a 2020 se registraron 1,700 migrantes fallecidos por distintas causas en la frontera norte del país, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
