Esto es un error, veamos. Las elecciones definen explícitamente quien ocupará el gobierno, e implícitamente durante cuánto tiempo. La toma de posesión del cargo, el acto más solemne de toda democracia, consiste en jurar respetar y hacer respetar las leyes emanadas de la Constitución y la Constitución misma. Si dichas leyes o Constitución pueden ser derogadas a capricho entonces dicho juramento carece de sentido. Evidentemente, las leyes no son de piedra y al cabo del tiempo requieren revisiones y precisiones, sin embargo, atentar contra derechos adquiridos a lo largo de décadas de esfuerzo y sacrificio, hacerlos más complejos o nugatorios es contrario al espíritu democrático. Como alguna vez dijo Woldenberg, se vota por Presidente, no por Sultán.
Las instituciones son los vehículos mediante los cuales el Estado nos garantiza esos derechos, por lo que ningún gobierno podría ni debería atentar contra ellas, a menos que tenga fines contrarios a los principios que inspiraron estas instituciones, a saber: elecciones razonablemente competitivas, libres y validas (INE); acceso a la información como derecho inalienable (INAI); competencia económica como palanca del desarrollo y productividad (Cofece); garantía de telecomunicaciones de calidad a la altura de los tiempos globales (Ifetel); política monetaria racional y responsable (Banco de México); información pertinente, relevante, periódica y accesible (INEGI), solo por mencionar los mas relevantes.
Estas son solo algunas de las conquistas que se han logrado a través de décadas de transición y que pudieron ser arrebatadas al ogro filantrópico que amenaza con volver desde ultratumba. Se equivoca quien ve la transición como destino inevitable, debemos aprender que el balance democrático debe ser reforzado todos los años y defendido con vigor en la ocasión de las recurrentes pulsiones autoritarias.
Las recientes declaraciones del titular del Ejecutivo en contra del INAI y otras instituciones no tienen nada de nuevas, y aunque pudiera sospecharse que se trata de otro “globo de prueba” (trial baloon) para medir la viabilidad política de su propósito, en esta ocasión su intención se muestra más explícita contra dos instituciones: INAI e Ifetel. Resulta alentador, sin embargo, notar la importante respuesta social que desde diferentes sectores ha demostrado su preocupación y repudio a lo que hasta el momento es mera intención. Si decide caminar en reversa del progreso democrático de nuestro país, no me queda duda que enfrentará una respuesta institucional basada en leyes y tratados domésticos e internacionales, uno de ellos signado por él mismo al lado de su hoy defenestrado homólogo.
