Transparencia y acceso a la información, cuestión de Estado

Esto es un error, veamos. Las elecciones definen explícitamente quien ocupará el gobierno, e implícitamente durante cuánto tiempo. La toma de posesión del cargo, el acto más solemne de toda democracia, consiste en jurar respetar y hacer respetar las leyes emanadas de la Constitución y la Constitución misma. Si dichas leyes o Constitución pueden ser derogadas a capricho entonces dicho juramento carece de sentido. Evidentemente, las leyes no son de piedra y al cabo del tiempo requieren revisiones y precisiones, sin embargo, atentar contra derechos adquiridos a lo largo de décadas de esfuerzo y sacrificio, hacerlos más complejos o nugatorios es contrario al espíritu democrático. Como alguna vez dijo Woldenberg, se vota por Presidente, no por Sultán.

Las instituciones son los vehículos mediante los cuales el Estado nos garantiza esos derechos, por lo que ningún gobierno podría ni debería atentar contra ellas, a menos que tenga fines contrarios a los principios que inspiraron estas instituciones, a saber: elecciones razonablemente competitivas, libres y validas (INE); acceso a la información como derecho inalienable (INAI); competencia económica como palanca del desarrollo y productividad (Cofece); garantía de telecomunicaciones de calidad a la altura de los tiempos globales (Ifetel); política monetaria racional y responsable (Banco de México); información pertinente, relevante, periódica y accesible (INEGI), solo por mencionar los mas relevantes.

Estas son solo algunas de las conquistas que se han logrado a través de décadas de transición y que pudieron ser arrebatadas al ogro filantrópico que amenaza con volver desde ultratumba. Se equivoca quien ve la transición como destino inevitable, debemos aprender que el balance democrático debe ser reforzado todos los años y defendido con vigor en la ocasión de las recurrentes pulsiones autoritarias.

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Las recientes declaraciones del titular del Ejecutivo en contra del INAI y otras instituciones no tienen nada de nuevas, y aunque pudiera sospecharse que se trata de otro “globo de prueba” (trial baloon) para medir la viabilidad política de su propósito, en esta ocasión su intención se muestra más explícita contra dos instituciones: INAI e Ifetel. Resulta alentador, sin embargo, notar la importante respuesta social que desde diferentes sectores ha demostrado su preocupación y repudio a lo que hasta el momento es mera intención. Si decide caminar en reversa del progreso democrático de nuestro país, no me queda duda que enfrentará una respuesta institucional basada en leyes y tratados domésticos e internacionales, uno de ellos signado por él mismo al lado de su hoy defenestrado homólogo.

Ahora bien, ¿puede mejorarse el acceso a la información en nuestro país? Por supuesto, en materia de derechos hay mucho campo para la progresividad y francamente puede hacerse bastante por mejorar los mecanismos de selección de comisionados a nivel local y la calidad de las respuestas que emiten. Concentrar el poder, sin embargo, es un paso –mejor dicho, salto– en la dirección contraria. Al estudiar comparativamente el acceso a la información en el mundo vemos como en el resto los países es un proceso profundamente judicializado que lleva a costos prohibitivos para la mayoría de los peticionarios. ¿Podemos estar mejor? siempre, pero en definitiva este es uno de los aspectos en que mejor competimos a nivel internacional.

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Por principio, el cuerpo a cargo de garantizar el acceso a la información no puede formar parte jerárquica ni orgánicamente de aquella administración, federal o local, interesada en negarla. Claramente, si hubiera estado dentro de sus posibilidades, la anterior administración jamás hubiera entregado información sobre la casa blanca o la estafa maestra, así como ésta ha reservado consistentemente datos sobre sus proyectos sociales o de infraestructura.

Ciertamente, el acceso a la información es condición necesaria más no suficiente para atacar seriamente la corrupción; sin embargo, si esta fuera genuinamente la preocupación presidencial debiera ver hacia la reforma de procesos y prácticas (como las adjudicaciones directas) que elevan los riesgos de corrupción, así como hacia la farragosa y eterna sobre-judicialización que alienta y seguido garantiza la impunidad.

El acceso a la información es igualmente importante para garantizar un orden administrativo en los tres órdenes de gobierno al obligar a los funcionarios a proporcionar certeza y orden de los archivos que se generan durante sus gestiones. Precisamente, el INAI vigila que los archivos públicos no se vuelvan patrimonio de burocracias dispuestas a manipularlos, mutilarlos, negarlos o de plano hacerlos perdedizos si así conviene a sus intereses y los de sus ilegítimos “patrocinadores”.

La protección de los datos personales que han probado ser una verdadera mina para intereses privados es la tercera área fundamental que atiende un INAI que lleva tiempo presupuestal y retóricamente asediado. Restarle autonomía, posibilidades o de plano absorberlo llevaría a un descalabro descomunal de una agenda que lleva varios años consolidándose, además de poner la iglesia en manos de Lutero.

Esto apenas empieza, cometeríamos un error al intentar emular la sistemática violencia retórica de quienes atacan este derecho, pero no dejaremos de señalar su selectiva desmemoria e incongruencia toda vez que el acceso a la información también fue impulsado con vigor desde la izquierda mexicana. Los caminos a la defensa jurídica nacional e internacional están abiertos y seguramente serán empleados por miles de mexicanos que queremos garantizar un futuro democrático para millones.

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Nota del editor: el autor es politólogo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.