La magnitud del gasto público es considerable, pero la pandemia ha evidenciado la inaceptable pérdida de vidas humanas que resulta de no brindar los recursos que requieren los sistemas de salud para ser resilientes. A esto hay que sumar los costos económicos: por la pandemia, el Fondo Monetario Internacional estima pérdidas de 375,000 millones de dólares mensuales a la economía global, un costo que bien podría evitarse con la previsión suficiente.
Por estas razones he trabajado en la implementación de la cobertura universal de salud desde varias posiciones de responsabilidad. Por un lado, cuando fui presidenta de la Unión Interparlamentaria, logramos la aprobación de la primera resolución en ese sentido durante nuestra 141 Asamblea en Belgrado. La resolución insta a que los parlamentos adopten la legislación necesaria para universalizar los servicios de salud. Por otro lado, en el Panel Asesor Político de UHC2030, trabajamos para profundizar el alcance y aumentar la efectividad de los llamados a la acción para tomadores de decisiones.
En ese contexto, preparamos una carta conjunta para dirigirnos a las presidentas y a los presidentes de Parlamento de todo el mundo y buscar sumar su apoyo para priorizar las inversiones en salud pública y construir sistemas de salud incluyentes y resilientes.
Los parlamentos tienen que hacer la diferencia en el bienestar de las personas. Es nuestro deber materializar los compromisos adquiridos y expandir nuestros sistemas de salud, especialmente ahora que existe un consenso de alcance global alrededor de la cobertura universal de salud.
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Nota del editor: La autora es diputada federal, fue presidenta de la Unión Interparlamentaria.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
