Vacunación sin dogmas

Por ahora, la única manera de lograrlo es evitar la venta privada de la vacuna. Esto se debe a que, por ahora, hay muy pocas dosis disponibles, es decir, no hay suficiente oferta de vacunas debido a la poca producción.

Si la vacuna se pusiera a la venta de manera privada, las pocas dosis disponibles quedarían en manos del mejor postor y no de las personas que más las necesitan. Es decir, se terminaría vacunando primero a las personas con más recursos económicos.

Esto atentaría directamente contra el objetivo de controlar la pandemia porque, como han demostrado análisis preliminares, las personas con menos recursos tienden a ser más vulnerables a la enfermedad. Además, sería socialmente injusto.

Una vez superados los dilemas de la poca oferta, el siguiente reto será logístico.

El beneficio político no puede tener prioridad sobre el derecho a la salud de todos los mexicanos. Es por ello que es absolutamente imperante que el gobierno mexicano colabore con el sector privado.

Esto no quiere decir que el gobierno ceda a los intereses de la industria farmacéutica. Por el contrario, es la labor del Estado tener la capacidad y la destreza de negociar con la industria privada para que esta se convierta en un aliado de los objetivos del gobierno.

Hay múltiples convenios que el Estado puede realizar con la industria para utilizarla en favor de todos los mexicanos. Es decir, para que Estado y empresas operen de manera conjunta en la vacunación.

El Ejército tiene una capacidad logística más limitada. Un acuerdo con privados para lograr una distribución más rápida y efectiva debería ser una prioridad. El acuerdo podría lograrse mediante una subasta e, incluso, ser sujeta a precios máximos de forma que se logre extraer el mayor beneficio para los ciudadanos al menor costo posible.

Los convenios de distribución podrían, además, ser un gran momento para regular más adecuadamente a la industria. Los convenios podrían venir de la mano de condiciones explícitas y lineamientos.

Cuando haya mayor oferta de vacunas, los convenios con la iniciativa privada podrían ampliarse a la venta e, incluso, servir para financiar al Estado. Un impuesto a la venta de vacunas privadas, por ejemplo, podría proveer de recursos al sistema de salud y la distribución pública de la vacuna. Estos convenios también podrían evitar que se genere un mercado negro de vacunas que aumentaría la corrupción y fomentaría la delincuencia organizada.

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Finalmente, la iniciativa privada podría también fungir como un contralor adicional a la labor del Estado. Desde la iniciativa privada, por ejemplo, se podría verificar que el Estado implemente el plan de vacunación siguiendo los lineamientos, sin corrupción o favoritismos de por medio.

El mundo en su conjunto está desarrollando el experimento institucional más importante de nuestra era: vacunar en tiempo récord a sus poblaciones. No tengo duda de que los países más exitosos serán aquellos en los que haya una adecuada colaboración entre el sector público y la iniciativa privada.

Es momento de que el gobierno mexicano nos demuestre que puede superar sus dogmas y la iniciativa privada nos revele que puede operar en favor del país en su conjunto y no solo de sus accionistas.

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