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#ColumnaInvitada | De feminicidios, policías y manifestaciones

El uso excesivo de la fuerza por policías en Cancún pone de manifiesto la sistemática precariedad en la formación, capacidad y protocolos de operación de las instituciones locales en seguridad.
vie 13 noviembre 2020 11:00 AM
Mujeres protagonizaron una protesta para pedir justicia por el feminicidio de Bianca Alejandrina "Alexis", cuyo cuerpo fue encontrado en una unidad habitacional en Cancún.
Policías de Cancún se enfrentan con mujeres en protesta por un feminicidio.

Lo sucedido en Cancún es parte de dos trágicas realidades que tristemente se han vuelto parte de la cotidianidad en nuestro país: el feminicidio y el abuso policial. El uso excesivo de la fuerza pone de manifiesto la sistemática precariedad en la formación, capacidad y protocolos de operación de las instituciones locales en materia de seguridad.

La indignación incrementa. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2019 a lo que va de 2020, se han registrado 28 feminicidios en Quintana Roo, 15 de estos en Cancún. Además del malestar que genera la impunidad y la violencia feminicidia que terminó con la vida de Bianca “Alexis” se suma el maltrato e incapacidad policiaca reflejada mediante tiroteos al aire.

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Se deben deslindar responsabilidades e identificar quién o quienés ordenaron actuar de esa manera. No podemos improvisar. Cada vez es más común que algunos manifestantes descarguen su dolor y hartazgo en contra de infraestructura pública, establecimientos comerciales y uniformados, lo que provoca nerviosismo entre los elementos policiales sin la experiencia y capacitación necesarias para atender este tipo de concentraciones y deriva en escenarios catastróficos.

El foco rojo está encendido. Antes de este suceso existían indicios de la debilidad institucional en la corporación. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al tercer trimestre de 2020, la percepción de confianza en la policía de Cancún es de 30.6%, por debajo de la media nacional que se ubica en 46.9%. También, durante el primer semestre de 2020 se tienen registradas 313 denuncias contra policías ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (70 en contra policías estatales y 243 contra elementos municipales). Las renuncias y la investigación son necesarias pero no resuelven el problema de fondo.

Tomar en serio y fortalecer nuestras policías a nivel local es urgente. Además de que el 95% de los delitos en el país corresponden al fuero común, son la cara más cercana de la seguridad. La Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, muestra que al 98% de los elementos les gustaría contar con mayor capacitación en temas como el sistema de justicia penal, mediación y resolución pacífica de conflictos, atención a poblaciones vulneradas, proximidad y control y uso de la fuerza. Sin embargo, lejos de considerar esto en los planes y recursos, tenemos la anunciada desaparición del FORTASEG en el Presupuesto de Egresos 2021, subsidio federal que hasta el ejercicio fiscal actual se destina a rubros como la capacitación, profesionalización y equipamiento de las policías municipales, que esperemos salven nuestros diputados antes de que sea demasiado tarde.

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Debemos pasar de la legislación y discurso a la acción. En mayo de 2019 se difundió con bombo y platillo la publicación de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que en el artículo 27 ordena que la intervención de las fuerzas de seguridad pública en manifestaciones debe ser llevada a cabo por elementos con experiencia y capacitación específicas para dichas situaciones –lo que claramente no ocurrió en Cancún– y bajo protocolos de actuación emitidos por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, mismos que al día de hoy siguen sin emitirse y parecen haber quedado en el olvido.

Es fundamental actualizar el programa rector de capacitación, contar con recursos, voluntad política y las herramientas necesarias para la puesta en marcha real del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica con protocolos y recomendaciones actuales, para evitar a toda costa el uso desproporcionado de la fuerza y la represión, así como atender las protestas con una visión de proximidad, mediación y perspectiva de género.

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Nota del editor: la autora es doctora en Políticas Públicas por Sciences-Po, París, y experta en seguridad y migración.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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