Se deben deslindar responsabilidades e identificar quién o quienés ordenaron actuar de esa manera. No podemos improvisar. Cada vez es más común que algunos manifestantes descarguen su dolor y hartazgo en contra de infraestructura pública, establecimientos comerciales y uniformados, lo que provoca nerviosismo entre los elementos policiales sin la experiencia y capacitación necesarias para atender este tipo de concentraciones y deriva en escenarios catastróficos.
El foco rojo está encendido. Antes de este suceso existían indicios de la debilidad institucional en la corporación. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana correspondiente al tercer trimestre de 2020, la percepción de confianza en la policía de Cancún es de 30.6%, por debajo de la media nacional que se ubica en 46.9%. También, durante el primer semestre de 2020 se tienen registradas 313 denuncias contra policías ante la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo (70 en contra policías estatales y 243 contra elementos municipales). Las renuncias y la investigación son necesarias pero no resuelven el problema de fondo.
Tomar en serio y fortalecer nuestras policías a nivel local es urgente. Además de que el 95% de los delitos en el país corresponden al fuero común, son la cara más cercana de la seguridad. La Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, muestra que al 98% de los elementos les gustaría contar con mayor capacitación en temas como el sistema de justicia penal, mediación y resolución pacífica de conflictos, atención a poblaciones vulneradas, proximidad y control y uso de la fuerza. Sin embargo, lejos de considerar esto en los planes y recursos, tenemos la anunciada desaparición del FORTASEG en el Presupuesto de Egresos 2021, subsidio federal que hasta el ejercicio fiscal actual se destina a rubros como la capacitación, profesionalización y equipamiento de las policías municipales, que esperemos salven nuestros diputados antes de que sea demasiado tarde.
