Pensar en la justicia digital no es una exquisitez ni la materia de una película como Volver al Futuro. Más bien, puede ser la diferencia entre hacer o no un tremendo oso a escala internacional.
Supongo que muchos de ustedes se enteraron de lo que pasó en la audiencia por videoconferencia en la que compareció, a inicios de octubre, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ante una corte de Nueva York.
En efecto, tuvo que ser suspendida porque en ese juzgado de “Primer mundo” nadie fue capaz de silenciar los micrófonos de los reporteros parlanchines que se habían enlazado a ella por medio de sus teléfonos.
Pero no me quiero quedar en la anécdota, sino referirme a ella para contrastar lo que sucede, por ejemplo, en los poderes judiciales de Coahuila o Nuevo León, donde han ideado mecanismos para permitir a los interesados integrarse a audiencias remotas sin darles posibilidad alguna de interrumpir el proceso.
De éste y otros casos de éxito tratamos en la Guía de buenas prácticas en el uso de nuevas tecnologías para la impartición de justicia, que acabamos de presentar en México Evalúa.
A causa de la pandemia por COVID-19 y las medidas de distanciamiento social que tuvieron que aplicarse, los tribunales cerraron, al menos, por cinco meses. Eso significa saturación en la impartición de justicia como no habíamos visto antes.
Lo que parecía sólo deseable, desde el punto de vista de la modernización de la justicia, se convirtió en urgente.
Y la pregunta es: ¿cómo la justicia digital puede garantizar (y ampliar) el acceso a la justicia sin vulnerar derechos humanos, como el respeto al debido proceso?
En todo caso, sobre ello tendrá que deliberar el Congreso de la Unión, que actualmente tiene entre manos tres iniciativas de reforma constitucional enfocadas en regular el uso de tecnologías para la impartición de justicia.
Es importante tomar en cuenta que la digitalización de la justicia no es un fin en sí mismo, sino un medio para mejorar la impartición de justicia y ampliar el acceso a ésta.
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Nota del editor: la autora es coordinadora de coordinadora de transparencia en la justicia y proyectos especiales de México Evalúa.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
