El dictamen ignora que la prohibición incentiva el consumo y fomenta la venta informal, dejando de lado un remedio más seguro: brindar una educación que enseña la moderación. La iniciativa aprobada por el Congreso de Oaxaca, y a la cual otros congresos de otros estados pretender sumarse, es un obstáculo a la libertad comercial: viola expresamente la Ley General de Salud que dispone un sistema de advertencia y no de prohibición del consumo de alimentos. La medida, como si lo anterior no bastara, pretende adoptarse justo ahora que más necesitamos apoyar una economía que este año se pronostica tendrá una caída del -10.5%
El tercer y último caso parece ser por desgracia una constante en el México de hoy. Me refiero a las consultas populares. Consultas al margen de la ley, no vinculantes, escasamente democráticas porque se hacen sin ningún cuidado de las formas, sin la participación del INE, en medio de una abierta promoción oficial a favor de las causas que se ponen a consulta. A través de una consulta sin visos de legalidad se validó la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Quizá la decisión más costosa y equivocada en la historia económica del México contemporáneo.
Poco después, el Presidente puso a consulta, en una sola votación varios de sus proyectos emblemáticos, como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Sin información sobre los proyectos, sin vigilancia de las papeletas, con preguntas sesgadas, con una muy escasa concurrencia, se validaron proyectos de una gran envergadura, auténticos elefantes blancos cuyas consecuencias los mexicanos pagaremos durante décadas.