José Antonio Yépez Ortiz, alias el “Marro”, pasó de ser un delincuente común que robaba autos y asaltaba al transporte de carga, a convertirse en el líder criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima, organización que empezó robando combustible a los ductos de Pemex conocido como huachicoleo, hasta mutar al tráfico de drogas y delitos conexos en el Estado de Guanajuato, convirtiéndose en un autentico dolor de cabeza y objetivo prioritario para el Gobierno Federal en los últimos años, ya que los reportes ubicaban al ‘Marro’ y a su organización como el principal generador de violencia en esa entidad.
#ColumnaInvitada | La caída del 'Marro'
La detención de este sujeto cobra relevancia en el combate frontal a las organizaciones criminales y en especial por la campaña gubernamental de luchar contra el huachicol en todos sus frentes, ya sea dentro de las redes de corrupción del gobierno o al exterior por las diferentes organizaciones criminales.
El “Marro” tenía una trayectoria criminal de 15 años aproximadamente, donde logró forjar alianzas con otros grupos de delincuentes para consolidar toda una empresa criminal con suficiente capacidad operativa y logística para retar a los cárteles rivales que quisieran disputarles el territorio, pero ¿cómo logra un delincuente común y sin relevancia en el mundo criminal convertirse en un capo al mando de un Cártel? La respuesta es simple: con el apoyo y complacencia gubernamental.
La estadística de incidencia delictiva publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ubica al estado de Guanajuato como el primer lugar en homicidios dolosos a nivel nacional, a pesar de que no cuantifican. ¿Cuántos de estos ilícitos están relacionados con la delincuencia organizada? Se estima que el 90% de los homicidios tuvieron que ver con esta causa; en este contexto, a raíz del repunte de la violencia el Gobierno Federal y el estatal han cruzado declaraciones de responsabilidad, acusándose uno a otro de no realizar su trabajo o no confiar en sus funcionarios, mientras los ciudadanos sufren los embates de los criminales, que impunemente se pasean por las ciudades principales del Estado, quemando casas y negocios a los ciudadanos que no aceptaron pagar la extorsión o el cobro de derecho de piso.
¿Cómo podríamos entender las responsabilidades de la complicidad y negligencia Gubernamental en la creación de estos personajes, como el “Marro”? Primero, en el nivel estatal, se cuenta con policías municipales a razón de una por cada Ayuntamiento, una policía estatal, una policía ministerial, peritos y agentes del Ministerio Público, encargados de investigar y perseguir los delitos del fuero común que se cometen dentro de su jurisdicción, y aquí es donde surge la responsabilidad de los gobiernos municipales y el Estatal.
Durante años fueron indolentes en cumplir con la función de la Seguridad Pública otorgada por la Constitución, siendo negligentes en proteger al ciudadano y sus bienes, conduciendo investigaciones deficientes y, en muchos casos, prestaron los efectivos policiacos al servicio de los delincuentes.
Esta es la única forma de explicar cómo, delincuentes comunes y corrientes, logran en un periodo corto de tiempo, forjar un cártel criminal, allegarse de recursos, reclutamiento de sicarios, organizar células, estructurar dinero a través de delitos financieros, corromper autoridades y, finalmente, buscar lo que cualquier grupo armado busca: ganar un territorio.
Segundo, en el nivel federal, a partir del inicio del gobierno de AMLO y con el dogma, que no estrategia de “abrazos no balazos”, las fuerzas federales de seguridad tuvieron que cambiar el rumbo de las operaciones, que venían realizando en contra de los cárteles de la droga desde hace muchos años, optando por el repliegue para no generar encuentros “casuales” que hicieran ruido mediático no acorde con la ideología de la 4T.
Sin embargo, lo que el Gobierno Federal parece ignorar es que la investigación, combate y desarticulación del Cártel de Santa Rosa de Lima es competencia de la Federación.
El Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen con claridad que estos delitos corresponden al nivel federal su atención. Entre otros, los delitos contra la salud, robo de hidrocarburos, la portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, en tal sentido, más allá de si las autoridades locales dejaron crecer al cártel y formarse como un ente que cobra vida propia, como afirma Eduardo Guerrero, acerca de la violencia autosostenible de los cárteles, el Gobierno Federal tendría que haber diseñado e implementado desde el primer día de la administración una estrategia frontal de combate y desarticulación de este cártel, para evitar el desbordamiento de la violencia y poner en riesgo la gobernabilidad y no buscar responsables en las autoridades locales o realizar declaraciones políticas, que no remedian el problema.
La madrugada del 2 de agosto, por fin en un operativo conjunto, lo que siempre debió haber ocurrido, se detuvo a José Antonio Yépez Ortiz, alias el “Marro”, pero hay que hacer una acotación: esta detención no va a terminar por decreto la violencia en el Estado de Guanajuato, porque el CJNG ahora es el que intentará dominar por completo la entidad; veremos cuál es la estrategia de los estatales y el Gobierno Federal para contener este nuevo reacomodo de la plaza.
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Nota del editor: el autor ha laborado en dependencias de la Administración Pública; Secretaría de la Defensa Nacional, Centro de Investigación y Seguridad Nacional y Policía Federal. Es maestro en Ciencias Penales, profesor universitario, especialista en inteligencia y procesos de seguridad. Licenciado en Derecho, expositor y capacitador de diversos destacados diplomados en Juicios Orales, Mercadotecnia Política, entre otros. Actualmente se desempeña en el sector privado, cómo socio consultor en Consultoría “CMC Análisis e Inteligencia Empresarial”, empresa enfocada en la realización de auditorías y diagnósticos en seguridad, capacitación a cuerpos policiacos, diseño de equipos de seguridad patrimonial, investigaciones, entre otras.
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