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#ColumnaInvitada | Emergencias que coexisten

El SARS-Cov-2 no es la única emergencia sanitaria presente: enfrentamos desde sarampión y dengue, hasta la obesidad, la diabetes e hipertensión.
mar 23 junio 2020 06:20 AM
Obesidad
De acuerdo con la Secretaría de Salud, México ocupa el primer lugar en obesidad infantil en el mundo.

Una crisis no llega sola y en México estamos viviendo varias de manera simultánea. Sin duda, la pandemia por el COVID-19 y el confinamiento que ha supuesto, han modificado sustantivamente nuestra vida cotidiana. Pero el SARS-Cov-2 no es la única emergencia sanitaria presente. Enfrentamos desde sarampión y dengue, hasta la obesidad, la diabetes e hipertensión.

Y los desafíos actuales no son solo sanitarios. Desde antes de la pandemia, ya había zonas que estaban enfrentando fenómenos perturbadores como sequías e incendios que afectaban el trabajo y la subsistencia de personas dedicadas a actividades que dependen de la preservación de los ecosistemas, como la apicultura y el sistema de milpa.

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Pues a esos fenómenos ahora se le suman nuevas emergencias y desastres. Un ejemplo es la situación actual que se vive en Chiapas y la Península de Yucatán con la tormenta tropical Amanda y Cristóbal.

Al 19 de junio de 2020 había 207 municipios afectados en los cuatro estados, 107 con declaratoria de desastre y 100 con declaratoria de emergencia. Del total, 22 están en Campeche –11 y 11 respectivamente–, 49 en Chiapas –19 y 30 respectivamente–, 8 en Quintana Roo –4 y 4 respectivamente– y 128 en Yucatán –73 y 55 respectivamente–. De los 207 municipios, 80 tienen ambas declaratorias (1).

Apenas en unos días llovió casi la mitad del agua que suele caer en un año. Los daños a las viviendas disminuyen la probabilidad de que las personas se queden en casa con riesgo epidemiológico muy alto o alto e incluso la conveniencia de que lo hagan. La evacuación y concentración de la población en albergues y refugios temporales, si no va aparejada de todas medidas de prevención de infección y contagio por Covid-19, puede incrementar aún más el riesgo para poblaciones como las personas adultas mayores y las mujeres embarazadas.

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Los daños a los caminos y carreteras complican la accesibilidad física de las personas a establecimientos de salud para recibir atención médica por cualquier motivo o razón. Desde una infección gastrointestinal hasta la dificultad para respirar que constituye un síntoma grave por Covid-19 y que requiere hospitalización y equipo especializado que comúnmente no tienen en sus localidades. Pese a que el disfrute del nivel más alto posible de salud física y mental es un derecho universal e inalienable de todas las personas, las desigualdades que enfrentan en estos estados las personas y comunidades mayoritariamente indígenas les orillan a hacer frente a una pandemia con aún más restricciones y limitaciones para acceder a servicios de salud.

Y la pérdida de cultivos (que ya habían sufrido afectaciones por los incendios y las sequías) que asciende a más del 80% de la siembra en la región –tanto para autoconsumo de las familias como para su comercialización–(2) va a multiplicar las implicaciones y consecuencias de la emergencia económica asociada al Covid-19 y puede propagar y agravar una emergencia alimentaria con consecuencias en toda la población y particularmente en las niñas, jóvenes y mujeres.

Las comunidades indígenas en la región ya enfrentaban amenazas a sus medios y modos de vida. Tanto por eventos meteorológicos vinculados, también, al cambio climático como por proyectos agroindustriales, energéticos, turísticos, inmobiliarios y extractivos con impactos significativos y directos en cuya toma de decisiones no suelen participar los propios pueblos.

Hay cientos de miles de personas cuyas vidas, salud, integridad y patrimonio están en juego. Sin duda la solidaridad y la empatía de la sociedad mexicana será relevante; así como la contribución de las organizaciones de la sociedad civil, empresas, instituciones de investigación y docencia y medios de comunicación. Pero es más importante aún la respuesta que tenga el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales.

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En el mediano y largo plazo deben planear, ejecutar y evaluar –en coordinación con los propios pueblos– políticas públicas que atiendan los causas y factores estructurales de las múltiples desigualdades que se han visibilizado y profundizado en estas crisis. Y en el corto plazo, dichos gobiernos tienen la responsabilidad de crear o adecuar programas presupuestarios de subsidios –diseñados con enfoque antidiscriminatorio, antirracista y con pertinencia cultural– que permitan la distribución de recursos, bienes y servicios. Estos deben contar con reglas de operación que sean tan flexibles como sea necesario para adecuarse a las necesidades y especificidades de cada contexto –y a los propios planteamientos de quienes habitan, ocupan y utilizan en los territorios– y tan rígidas como sea indispensable para que los recursos efectivamente se destinen y lleguen ahí.

Ojalá se pudiera enfrentar una sola crisis a la vez. Lo cierto es que en esta como en otras regiones del país, hay varias emergencias que coexisten y que tienen efectos acumulativos y sinérgicos que se deben prever, evaluar y gestionar simultáneamente.

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1. Agradezco a Enrique Gallegos Madrigal por la información de los municipios con declaratoria de desastre y de los municipios con declaratoria de emergencia.

2. Las personas afectadas y los pueblos indígenas en riesgo sanitario y con pérdida en 80% de sus cultivos por las tormentas tropicales #Amanda y #Cristóbal necesitan más ayuda y protección https://tinyurl.com/y75kfgv2

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Nota del editor: la autora es feminista, Fundadora y Directora General de Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C.

Twitter: @SuhaylaCCIS

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.

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