5 razones que fundamentan la participación castrense en seguridad pública

2. La transversalidad de los delitos del orden común y federal en el ámbito de la seguridad obliga a que se integren las agendas de seguridad nacional, interior y pública en una sola.

Los procedimientos para atender los problemas de los tres niveles de seguridad exigen ser altamente coordinados operativamente entre las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, así como de la Guardia Nacional.

En la operatividad de la seguridad pública ocurren delitos del orden común y federal que están interconectados, por ejemplo: el descubrimiento de un robo de transporte a mano armada (delito del orden común) puede llevar a un secuestro (delito federal), y éste puede llevar a un homicidio (delito contra la vida del orden común) cometido por un grupo criminal que roba transportes de carga (delito del fuero federal si ocurre en una carretera federal) para transportar gasolina robada de ductos de Pemex (delito federal).

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3. Responder al colapso de gobiernos locales en materia de seguridad pública.

Como lo indica el artículo 21 constitucional, la seguridad pública involucra a los tres órdenes de gobierno. No obstante, existen casos de gobiernos locales que han sido rebasados para atender los problemas de seguridad pública del orden común y federal que acontecen en sus municipios o que no asisten a las mesas de seguridad.

Mientras que se intenta resolver estos problemas en los gobiernos locales, el Gobierno Federal ofrece a través del Acuerdo una participación complementaria de sus Fuerzas Armadas para proteger a la ciudadanía, porque son las instituciones más confiables, al estar más sujetas a derecho, la corrupción es mínima o nula, y porque el fuero militar exige penas graves para quien transgreda el principio de legalidad o los derechos humanos, todo ello mientras que se fortifica a la Guardia Nacional en menos de cuatro años para que pueda hacer frente al problema de inseguridad.

4. La falta de confianza ciudadana en las instituciones policiales locales.

Los índices de confianza ciudadana en las policías municipales se han desplomado en los últimos años dado que la percepción ciudadana señala que muchas están infiltradas por el crimen organizado, al ser algunos lo que extorsionan, secuestran o “halconean” para los delincuentes, como resultado de que los gobiernos locales no han dignificado la institución policial, el sueldo que se les paga es mísero y no tienen adiestramiento, capacitación, mística formada en valores, o equipamiento adecuado por el que incluso tienen que costear. Si el Policía trabaja para el crimen organizado, no es confiable para el gobierno y se vuelve un peligro para la misma sociedad.

5. La lucha contra la corrupción en el presupuesto de seguridad pública.

La pugna de los gobiernos locales con el despliegue de militares reside en el temor de que se exponga como muchos municipios han utilizado de forma discrecional el presupuesto otorgado por la Federación destinado a sostener su seguridad pública, o de que ello conlleve eventualmente a interponer medidas de fiscalización o de rendición de cuentas.

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Por ello, resulta curioso observar que haya municipios con altos índices de inseguridad interponiendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la emisión del Decreto del 11 de mayo. Recientemente lo hizo el de Colima, Colima, que firmemente se opone a la ayuda federal a través del despliegue de militares para proteger a su ciudadanía, cuando Colima es uno de los estados con los municipios más violentos del país, como Manzanillo o Tecomán.

La inseguridad es una amenaza grave en el país que exige medidas federales para resolverlas. Por ello, con el Acuerdo publicado no sucede una “militarización”, sino una “federalización” de la seguridad, pues no hay que olvidar que es la Federación la que está ejerciendo el apoyo para restablecer el orden público a través de las Fuerzas Armadas, que dicha participación castrense en seguridad pública es enteramente complementaria, respetará los derechos humanos y no suplirá la responsabilidad que le corresponde a estados y municipios en resolver sus problemas de inseguridad.

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Nota del editor: la autora es historiadora, maestra en Asuntos Internacionales con Especialidad en Política y Seguridad Internacional por la Universidad Anáhuac México.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.