Para evitar la “socialiazación de las pérdidas”, considera el mismo análisis realizado por la Comisión, es correcto darle prioridad a las familias y a los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, como sucede con las medidas que ha tomado el Gobierno federal y que van en esa dirección, destacando la protección al empleo, a las personas con discapacidad, a los jóvenes, a los estudiantes y a los adultos mayores.
En México, la política social se ha reorientado a elevar programas sociales a derechos constitucionales, todas y todos se pueden beneficiar de ellos al ser entregados de manera directa a quienes los solicitan y a sus familias en condiciones de transparencia y universalidad.
Ante la pandemia, los programas sociales han podido garantizar un ingreso en apoyo a la economía familiar para aminorar los efectos negativos de esta. En este sentido, la Cepal se pronuncia en su estudio a favor de los apoyos consistentes en transferencias monetarias para mantener el ingreso de los hogares.
Ante la crisis sanitaria se han emprendido acciones inéditas como el Apoyo Económico a Personas Trabajadoras Sexuales o la ampliación de cobertura del Seguro de Desempleo, en el caso de la Ciudad de México, pero también acciones focalizadas en las alcaldías como el canje de vales para adquirir productos de la canasta básica.
