El próximo 3 de abril concluye el periodo por el que fueron designados tres consejeros y una consejera electoral. Por lo que la Cámara de Diputados deberá conducir el proceso de designación de nuevos consejeros y consejeras, será el décimo proceso de designación que se realice para conformar la autoridad administrativa electoral federal.
Sabemos que las designaciones hechas en las Cámaras del Congreso de la Unión por lo general son polémicas, pues en un espacio políticamente plural será casi imposible darles gusto a todos los actores involucrados en estos procesos. Sin embargo, ha sido sintomático que, con la salvedad de los cargos del Banco de México, las designaciones procesadas en el Congreso en los tiempos de la «4T» han sido notablemente cuestionables. Baste recordar lo desaseado del proceso por el cual se nombró a la actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o aquel que culminó con la designación de las más recientes ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esto sin olvidar el bochornoso proceso por el cual se integró la Comisión Reguladora de Energía y los impactos residuales de esto en la Agencia de seguridad, energía y medio ambiente. En fin, la fórmula de 90% de honestidad y 10% capacidad ha sido desastrosa para México y sus instituciones.
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Si bien el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ha repetido numerosas ocasiones que buscarán que el proceso de renovación del Consejo General del INE fortaleza la vida democrática del país, dados los antecedentes, se ve difícil que esto sea así, especialmente en la antesala del proceso electoral de 2021 −el más grande de la historia del país−, que será una clave para el futuro político de la «4T».
