Las críticas a la revocación de mandato, principalmente, son que se rompe con el mandato ciudadano originalmente expresado en las urnas y que terminar prematuramente una administración puede afectar gravemente la gobernabilidad de un país. En el extremo opuesto del espectro hay quien argumenta que esta es una solución pacífica e institucional ante el descontento ciudadano que puede existir por el mal desempeño de un gobernante.
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En América Latina hay pocos ejemplos de revocación de mandato. A nivel presidencial solo Bolivia, Ecuador y Venezuela contemplan esta figura, y únicamente en Ecuador se ha realizado un ejercicio de revocación de mandato. A nivel subnacional se ha regulado en países como Perú y Colombia. En Perú, el número de presidentes municipales cuyos mandatos han sido revocado se cuentan por miles, generando situaciones complejas en cuanto a la gobernabilidad de las municipalidades.
Hace unas semanas el Senado de la República aprobó modificar el artículo 35 constitucional a efecto de incluir la figura de la revocación de mandato presidencial. Esta reforma constitucional fue avalada por la Cámara de Diputados hace unos días y ahora solo falta que la reforma constitucional se apruebe en al menos 17 entidades federativas para posteriormente ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.