El Estado no ha presentado ninguna iniciativa de ley o política pública que transversalice en los hechos (y no en el discurso) la perspectiva de género para proteger a las defensoras de derechos humanos.
Somos las defensoras quienes alzan la voz, enfrentamos la impunidad endémica y fomentamos el respeto a las convenciones y tratados internacionales de DDHH, promoviendo la igualdad, los derechos sexuales y reproductivos, quienes estamos al frente de acciones para proteger la vida de otras y fomentar el acceso a una vida libre de violencias para todas, sin tener el respaldo y protección del Estado.
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Es importante que el Estado deje de ser cómplice y que las organizaciones internacionales se preocupen y ocupen de los obstáculos y riesgos específicos que enfrentan todos los días las defensoras de derechos humanos, que implementen mecanismos de protección eficientes y específicos a fin de salvaguardar sus derechos e integridad como ciudadanas sujetas de derechos.
El derecho a una vida libre de violencias no se garantiza cambiando el nombre a una ley sino fortaleciéndola, aplicándola, evaluándola, reformándola, buscando acciones trascendentes e intersectoriales que garanticen las condiciones de seguridad integral para todas las mujeres.
Es imperante reconocer que el problema de las violencias contra las mujeres es estructural e impacta de manera diferenciada a cada mujer por lo que requiere soluciones integrales que se centren en la prevención y en la búsqueda de condiciones dignas y seguras para todas las mexicanas.
¡Por la Vida y la Dignidad de todas las Mujeres!
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Nota del editor: la autora es Directora general de la Red Nacional de Refugios A.C. Un espacio compuesto por más de 60 organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
