El modelo para lograr cambiar de parecer a presidentes anteriores era un camino bien conocido. Grupos de la sociedad civil organizada reunían a expertos y analistas para que éstos escribieran un documento que evidenciaba con claridad y de forma visualmente atractiva un problema. El documento era presentado en una rueda de prensa causando presión mediática. El gobierno respondía a la presión estableciendo mesas de trabajo donde eventualmente se llegaba a concesiones. Típicamente, se lograban cambios legales que la sociedad civil presumía como preseas.
El modelo llevó a que México tuviera leyes apantallantes y exquisitas. Así, en papel, México tiene una ley general de víctimas que exige que todas las autoridades restituyan, rehabiliten, compensen y satisfagan a las víctimas del crimen en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y hasta simbólica. Se tiene legislado, por ejemplo, que haya compensaciones a las víctimas por “los sufrimientos y las aflicciones” del delito del que fueron presa y que la compensación sea proporcional al nivel socioeconómico de la víctima. En fin, una ley de ficción.
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AMLO ya no cambia de parecer de esta forma. Es más, considera que hacerlo es poco democrático. pues la agenda de esta forma de sociedad civil es escogida en mayor o menor medida por quien los financia: becas de organizaciones internacionales o personas con dinero.
La censura existe de forma implícita. Los financiadores escogen a los líderes de las organizaciones para que les sean ideológicamente afines (o al menos, no incómodos) y los líderes entienden tácitamente cuáles son los temas que no pueden tocar. Así, se cierra un círculo vicioso en el que este tipo de sociedad civil organizada tiene agendas inherentemente sesgadas. Se habla de reducir la delincuencia, pero no de aumentar salarios o de hacer cumplir la ley laboral, se habla de promover la competitividad, pero no la competencia, y nunca se trata el tema de la evasión fiscal.