Ya basta de hacer como que no pasa nada, de ver las noticias y pensar que eso pasó “porque se lo merecen” o porque “se nace delincuente”. No es posible que la noticia de mayor posicionamiento mediático luego de la captura y liberación de Ovidio Guzmán fuera que para la celebración de Día de Muertos el disfraz estrella en los infantes fuera el del hijo del “Chapo Guzmán” o de cualquier narcotraficante.
¿Que más tiene que pasar para que las autoridades asuman su responsabilidad y se hagan cargo de la situación? Durante los primeros meses del año se aseguró que nos encontrábamos en un periodo de estabilización, natural y necesario por las malas administraciones que tuvimos en el pasado, se supone que por ello se creó la Guardia Nacional y que de la mano de sus estrategias de seguridad comenzaríamos a ver el descenso de la violencia y que a pesar de que llevaría tiempo lograrlo, los resultados comenzarían a ser notorios lo cual, por supuesto no ha ocurrido, peor aún, han ido en ascenso.
La apuesta del cuidado de nuestra seguridad, en un sentido discursivo, se concentra en la defensa contra los criminales con la Guardia Nacional y con el fortalecimiento del tejido social a través de programas y políticas sobre todo de “apoyos económicos” a grupos vulnerables, pero la realidad es que la violencia no cesa, porque sabemos que esos apoyos no funcionan y en muchos casos tienen efecto contrario. No es suficiente cubrir esa deficiencia culpando a las administraciones pasadas porque con ello no se elimina la corrupción, ilegalidad, impunidad y muerte, fenómenos que se prometieron erradicar.
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Necesitamos que este gobierno defina y comunique su estrategia, que esté basada en acciones probadas, tanto para la prevención como para la procuración de justicia. Se tiene que fortalecer las policías locales y por supuesto la Guardia Nacional. Pero si no se hace una redefinición en los Ministerios Públicos, que es donde se rompe la cuerda en la impartición de justicia, será imposible terminar con los índices de impunidad. Pero eso… lo dejamos para otra columna.
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Nota del editor: la autora estudió la licenciatura de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de Maestría en Administración Pública, con enfoque en Desarrollo Comunitario y Transformación Social en la Universidad de Nueva York. Actualmente es la Directora Ejecutiva de la Fundación Reintegra.
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
