Bajo reglas inciertas de recontratación, los policías federales no quieren lanzarse al vacío. Irse a paro no debió ser fácil: el texto constitucional no permite reinserción de los policías en ninguna corporación de su tipo si son separados del encargo. Bajo las nuevas reglas de la GN, los policías federales (a diferencia de los militares y marinos) perderán una importante parte de sus ingresos por el cese del pago de los bonos de operatividad y de riesgo, y por la cancelación de los seguros de gastos médicos para sus familias.
El despliegue en el campo es hostil. La violencia acecha y las condiciones laborales son precarias: la comida es escasa, algunos incluso duermen sobre cartones. Deben trabajar de la mano con militares y marinos, quienes tienen una formación castrense. No auguro que un policía inconforme se entienda bien con un mando militar al momento de exponer sus quejas. Los policías federales están contra la pared: sus ingresos y condiciones laborales empeoraron, no tienen entrenamiento militar sino policial (del tipo que debiera tener toda la Guardia Nacional), si los corren no podrán volver a ser policías nunca y el gobierno no ha ofrecido salidas que convenzan.
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En el peor momento de la crisis de inseguridad y violencia según las cifras oficiales, nadie quiere menos policías federales. Muy pocos confían en las corporaciones policiales locales y 9 de cada 10 mexicanos considera que son corruptos ( Los Mexicanos Frente a la Corrupción y a la Impunidad, 2019 ).
El Presidente sabe que la inseguridad y la corrupción son los dos problemas que más preocupan a la gente desde hace años (ENCIG, INEGI). Lo que tal vez no recuerde es que cuando la economía va mal (porque creceremos por debajo del 2% este año), la percepción popular sobre la inseguridad y la corrupción tienden a maginificarse ( Desarmar la Corrupción, 27 de junio 2019 ), con costos en las urnas.
La solución al conflicto debe incorporar el respeto del Presidente y su gabinete por los policías federales, no volver a llamarlos corruptos ni quejiches y, sobre todo, no acusarlos de cometer el delito de amotinamiento. Éste es un conflicto laboral y así debe resolverse. La solución de fondo requiere una reforma constitucional que otorgue condiciones laborales justas para los policías del país; redignificar la carrera policial, profesionalizar a todos los elementos y contar con un esquema de condecoraciones y sanciones que promuevan la lealtad y la disciplina; que se castiguen abusos de cualquier tipo al interior y que se mejore la capacidad para prevenir y abatir la violencia y la inseguridad.
