El lunes se aceptó de conceder una suspensión definitiva determinante para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Con esta, son ya 7; de esas, 4 son provisionales y 3 son definitivas. Pero la de este lunes es particularmente especial.
Hasta ahora, las suspensiones definitivas aplicaban sólo para asuntos específicos, ya fuera para obtener permisos ambientales, autorizaciones de plan de salvamento de vestigios arqueológicos e históricos, o para autorización de seguridad aérea.
Esta última es integral. Suspende cualquier construcción en Santa Lucía o demolición en Texcoco, en tanto el gobierno federal no provea todos los permisos necesarios: ambientales, arqueológico-históricos, así como viabilidad y seguridad aeronáutica.
La relevancia de esto es que simple y sencillamente, mientras no se resuelvan todos los juicios y se terminen todos los trámites necesarios, el gobierno no podrá realizar obra nueva alguna, por lo que se dilapidarán aún más recursos de los que ya se han desperdiciado.
Lo que estos amparos y suspensiones están demostrando es el profundo error que cometió el gobierno actual con su decisión de cancelar el NAICM. Decisión que fue más motivada por razones de tipo ideológico y por berrinche, que por argumentos reales sustentados.
Poco a poco se van evidenciando tanto la grave falta de conocimiento de la actual SCT, como la total falta de información veraz y confiable que manejan para respaldar su falla. Sorpresa tras sorpresa, revés tras revés, se va complicando cada día más la decisión gubernamental.
Lo que no podemos negar de ninguna manera es el diagnóstico inicial de este gobierno: el NAICM nació plagado de corrupción, de contratos turbios y de un derroche de recursos a costa de obras que no hay manera de verificar que estuvieran bien hechas.
En el más puro ‘estilo peñista’, los excesos y corruptelas del NAICM se fueron acreditando poco a poco en los poquísimos años que duró su proyecto. Eso, es innegable. Pero el proyecto, técnicamente, era sólido.
Se contaba con el acompañamiento de las más importantes instancias internacionales en la materia, que son la IATA (Asociación Internacional de Aerolíneas) y la OACI (Organización de Aviación Civil de la ONU); además de MITRE, la principal organización especializada privada.
Todas estas instancias fueron desacreditadas por las actuales autoridades, sin mayor argumento que decir que habían respaldado el anterior proyecto. En el más puro estilo “yo tengo otros datos”, presentaron diagnósticos hechizos, en el mejor de los casos, para sustentar su decisión.
El problema es que, lejos de corregir las fallas del NAICM y castigar a los posibles responsables, este gobierno no está combatiendo corrupción alguna y está incurriendo en graves fallas que también constituyen otro tipo de corrupción.
No hemos visto denuncias por parte de la administración actual ni contra ex funcionarios ni contra excontratistas. No hemos visto sanciones ni administrativas ni penales. Pero sobre todo, no hemos visto las pruebas de lo que han señalado que estaba mal.
Lo que sí hemos visto es una serie de errores, uno tras otro, que evidencian que no tenían idea del paquete que se aventaron encima.
Sorprende que, teniendo tantos “datos”, no estuvieran enterados de la presencia de restos arqueológicos importantes en la zona o que no pudieran calcular los costos reales, que se han incrementado, y que prometieran una obra en 3 años, igual que la refinería.
No deja de llamar la atención que, teniendo todos esos “datos” de respaldo, no tuvieran la capacidad de identificar que un cerro bloqueaba el proyecto. Tal vez porque estuvieron tan concentrados en sus escritorios leyendo tanta “literatura especializada”.
Y lo más grave, la SCT sigue sin hablar de lo fundamental: la obsolescencia de las leyes de aeronáutica en nuestro país; el mal marco legal y normativo antiguo, y que somos el único país que no sigue los estándares internacionales de operación aeroportuaria.
El capricho por cancelar el NAICM nubló la vista del actual gobierno, y nunca revisaron que la corrupción en el sector aeronáutico es estructural; está en la operación, en los grupos aeroportuarios, en el propio ex director del AICM. De eso, nada, a pesar de lo grave.
La SCT sigue más preocupada por su berrinche que por arreglar de fondo el sector. Seguimos sin una política sectorial de Estado, sin Agencia Federal de Aviación, sin operar bajo estándares internacionales de IATA y OACI, y sin un Sistema de Gestión de Riesgos Asociados a la Fatiga.
Aún no hay Agencia de Investigación de Accidentes, no se ha abordado la falta de Controladores Aéreos (menos ahora con la austeridad), no hay un área de Medicina Preventiva especializada, y un muy largo etcétera.
Todo esto, sin mencionar lo grave del impacto económico que ha tenido la cancelación, la recompra de bonos, la incertidumbre a los inversionistas en infraestructura, las consecuencias en calificaciones, entre muchos otros.
Pero así de ligeras parecen ser las decisiones estratégicas de infraestructura de este gobierno. Ante eso, sólo nos queda encomendarnos a los santos benevolentes. En este caso, a Santa Lucía, que aparentemente es la patrona de las ocurrencias.
