Politizando a los jueces

Personalmente, siempre he estado a favor de que se construya el NAICM y celebro que haya colectivos de ciudadanos organizados.

Sin embargo, utilizar la vía legal para evitar que una de las principales propuestas de campaña de AMLO no sea implementada es mucho más problemático de lo que el colectivo parece estar viendo, y es altamente cuestionable.

Esta estrategia puede dar pie a cuestiones altamente indeseables como la politización del Poder Judicial, la imposición de agendas particulares por medio de grupos de abogados privados, e incluso la limitación a la innovación pública.

Detener Santa Lucía porque no tiene permisos es legítimo y deseable.

Impedir que el Poder Ejecutivo continúe implementado sus promesas de campaña, como lo específicamente dejar de construir el NAICM, no es legítimo, por más indeseable que nos parezcan a algunos. Explico mi punto de vista.

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El Poder Judicial es formalmente el encargado de asegurar la legalidad de toda decisión política. Debe detener decisiones ilegales.

Sin embargo, en cuestiones como el NAICM, donde la ilegalidad no es absoluta, sino sujeta a interpretación, el espíritu del Poder Judicial debe ser, por encima de todo y fundamentalmente, proteger la democracia participativa. Ello implica no atentar contra los explícitos deseos de la mayoría. Una democracia se construye, tanto por sus leyes aprobadas, como por los deseos de los votantes en la jornada electoral.

Dejando la consulta amañada de AMLO a un lado, la realidad que nos cuesta trabajo ver es que fue en una elección organizada por el INE en donde el mexicano promedio (con o sin conocimiento de causa, no importa) votó por una plataforma que transparentemente promovía la cancelación del NAICM.

Es una solución fácil, pero equivocada porque llevar el caso del NACIM al Poder Judicial puede politizarlo y por ello, debilitarlo ante los ojos de los votantes.

El Poder Judicial se politiza, no porque resuelva casos con sesgo, sino porque ciertos casos tienen mayor probabilidad de llegar a la Corte que otros. Uno de los principales determinantes de que un caso avance es que tenga un buen equipo de abogados. Como tener buenos abogados requiere recursos, si el litigio estratégico se convierte en la nueva forma de hacer política pública, esta política pública estará irremediablemente sesgada a los deseos de las personas con mayores recursos.

Pongo un ejemplo concreto. De acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, sólo el 9% de las irregularidades en el gasto público se concentran en obras de infraestructura. En cambio, el 58% se concentra en materia de educación, salud y desarrollo económico.

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Presentar múltiples amparos que parecen apelar a sólo un tipo de problema y no a otros, sesga la labor judicial, y lo desprestigia ante los ciudadanos que, ya de por sí, ha visto por décadas a la justicia siempre favorecer a los que más tienen. Si #NoMasDerroches quiere representar la sociedad civil, lo deberá hacer en los aspectos que más le afecten al ciudadano promedio, no en los que más les interesan a ellos.

Finalmente, me parece muy delicado el que la Corte termine decidiendo qué es un derroche y no los mexicanos en las urnas. En los noventa, los seguros de desempleo, las pensiones públicas y muchos otros subsidios que hoy consideramos deseables y necesarios para reducir la desigualdad, hubieran podido ser clasificados como derroches. Es decir, la ideología también permea al Poder Judicial y a lo consideramos “correcto”. El ejecutivo debe tener posibilidad e implementar su agenda, aunque no nos guste, y nosotros debemos poder jugar el juego democrático sin recurrir al juego de la interpretación legal.

Nota del editor: Viridiana Ríos (@viri_rios) es profesora asistente visitante de la Universidad de Harvard.
Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.