Y por ello, subraya, es necesario hacer intervenciones psicosociales en esas comunidades.
Llevar atención a la salud mental en poblaciones asediadas por grupos criminales cumple tres funciones importantes: desde la óptica de protección de los derechos humanos, es una forma de reparación de daño para las víctimas; es una defensa del desarrollo social y un aporte para romper los círculos de violencia. Porque, afirma, si no se brinda atención emocional a las poblaciones afectadas, difícilmente podrá combatirse la violencia colectiva.
“Podemos observar que hay comunidades que han quedado marcadas, cuyo estilo de vida, cultura, incluso estilos de relación, han quedado marcados por los hechos de la violencia”, subraya.
El caso Guerrero
El origen del libro Salud mental y violencia colectiva se remonta a un proyecto de intervención psicosocial que la doctora Dení Álvarez desarrolló en una comunidad rural de Guerrero, estado del sur de México que hace años registra elevados índices de violencia.
Ahí, como en otras zonas inmersas en violencia colectiva, menciona, las afectaciones no las sufren únicamente las víctimas directas, sino toda la comunidad y repercuten en su capacidad de producir.
“Las enfermedades mentales son altamente costosas y las personas que tienen un padecimiento mental y las comunidades en las cuales son frecuentes los padecimientos mentales van a tener un impacto en su productividad. Es decir, la salud mental impacta directamente al desarrollo humano”, expone.