A pesar de que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay disponibilidad de pastillas, inyecciones, parches transdérmicos, implantes subdérmicos y dispositivos intrauterinos, todos métodos dirigidos a la mujer, México aún ocupa el primer lugar de los países miembros de la OCDE por embarazo adolescente.
Esto podría explicarse por el hecho de que, según datos recopilados por la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, cerca de 46 millones de mexicanos no cuentan con protección social.
En México, la planificación familiar ha logrado que, durante 2019, la tasa de fecundidad haya caído a 1.9 hijos por mujer y se ubique, por primera vez, por debajo de la tasa de reemplazo poblacional. Aún así, cerca del 47% de los embarazos en adolescentes no estaban planeados.
Cerca del 24.2% de las mujeres en edad fértil que no utilizan métodos anticonceptivos lo hacen porque no conocían o no sabían obtener o cómo usarlos, según datos del Consejo Nacional de Población.
Y, aunque gran parte de los métodos anticonceptivos son gratuitos en México, en especial, los condones masculinos, durante la pandemia hubo una reducción en la demanda por dos razones: las mujeres acudieron menos a los consultorios por miedo al contagio de COVID-19 y, en segundo lugar, la caída de los ingresos en los hogares más pobres limitó el acceso a servicios privados de salud, según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Por estas causas, en 2020 se estimó que en un caso escenario extremo, la pandemia ocasionaría una reducción de 13% en el número de usuarias de métodos anticonceptivos modernos. Y, en este sentido, un aumento en la insatisfacción de la demanda de éstos del 72%.
En consecuencia, el número de embarazos no intencionales que dejan de prevenirse se elevaría a 310,693 en solo un año de confinamiento. Pero también habría 142,848 abortos que dejaron de evitarse, 541 muertes maternas que pudieron prevenirse y 7,142 muertes infantiles sin prevenir.