Con estos dos casos se sientan precedentes que abren la puerta para que las comunidades indígenas sean consultadas sobre estos proyectos, pero también para la revocación de otras concesiones mineras.
Sin embargo, esto no es suficiente para reconocer las violaciones a los derechos de las comunidades indígenas expresos en la Ley Minera, que data de 1992.
"No puede ser que una ley secundaria, como lo es la Ley Minera, establezca de antemano que la actividad minera está por encima de la vida de los pueblos. Su contenido es violatorio a lo que ya está establecido respecto a la protección de las comunidades indígenas", dice en entrevista Itzel Silva, abogada de la organización civil Fundar.
Silva y el Consejo Tiyat Tlali han acompañado el caso de Tecoltemi, que inició la batalla judicial en abril de 2015 contra la empresa canadiense Almaden Minerals, a la que el gobierno de México entregó dos concesiones en 2003 y 2009, que juntas sumaban 14,229 hectáreas.
La demanda fue en contra de la Secretaría de Economía por haber otorgado dos concesiones mineras a favor de la empresa Almaden Minerals, cuya filial en México en Minera Gorrión.
"Economía entrega estas dos concesiones en favor de la canadiense sobre más de 14,000 hectáreas del municipio de Ixtacamaxitlán, que es al que pertenece la comunidad de Tecoltemi, sin que hubiera un proceso de consulta previa. Tecoltemi ni las otras comunidades que abarcan las concesiones se enteraron nunca de los permisos", cuenta Itzel Silva.
El proyecto de Almaden Minerals consistía en abrir una mina a cielo abierto —las más señaladas por su impacto ambiental— para extraer oro y plata. Tecoltemi, con apenas 300 habitantes, supo de las concesiones hasta 2015, luego de presentar una solicitud de información sobre los planes de la empresa minera.
