Río Sonora: A 5 años del derrame, pobladores buscan justicia y apoyo de la SCJN

El 6 de agosto de 2014, una falla en la mina Buenavista del Cobre —propiedad de Grupo México— generó un derrame de 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico que contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi , lo que dejó sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 22,000 habitantes de siete municipios.

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A pesar del desastre ambiental, el gobierno federal, entonces a cargo de Enrique Peña Nieto (2012-2018), permitió que el consorcio del empresario Germán Larrea expandiera su explotación minera con la construcción de una nueva presa para sus residuos tóxicos, ubicada a 23 kilómetros de Bacanuchi, un poblado que habitan 70 familias en el municipio de Arizpe.

Hoy, desde el máximo tribunal del país, los pobladores exigieron reabrir el caso, así como que Larrea "dé la cara" y cumpla con la reparación del daño, pues, aseguran, de los 2,000 millones de pesos que debía entregar en un fideicomiso, solo dio 1,300 millones.

"Justicia ya para el Río Sonora"

El próximo miércoles, la Segunda Sala de la Suprema Corte revisará el amparo interpuesto por los pobladores —a través de organizaciones—, para que se vuelva a abrir el fideicomiso con una cantidad de dinero más importante.

"Lo que hizo (Larrea), en su prepotencia, fue acordar con el gobierno de entonces un mecanismo alternativo que le garantizara impunidad empresarial. Él decidió cuánto dar, hasta cuándo y nunca más dar un trato digno (a los damnificados)", dijo Luis Miguel Cano, representante legal de los comités de la Cuenca.

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Los habitantes que participaron en el acto señalaron que llevan cinco años de incertidumbre por su propia salud, de que sus cultivos no crezcan y de padecer crisis económica.

Asimismo, dijeron que hoy se suma un miedo en la región: que ocurra una nueva tragedia con la presa para residuos tóxicos en Bacanuchi.

Las exigencias a Grupo México

Además de la creación del fideicomiso, Grupo México fue obligado a construir un hospital para atender a las víctimas del derrame, pero la obra nunca se concluyó.

Tampoco se edificaron 36 plantas potabilizadoras con tecnología para eliminar los metales pesados del agua, como se acordó. La empresa minera solo construyó una que no ha funcionado regularmente, según denuncian los pobladores.

Luego de que en febrero de 2017 se cerrara el fideicomiso con apenas 60% de lo que debía aportar, Grupo México afirmó que ya había cumplido con el resarcimiento de los daños a las víctimas por el derrame tóxico.

Apenas el pasado 9 de julio, la empresa minera más grande del país generó otro derrame tóxico en el Mar de Cortés. Por este hecho, las autoridades ambientales no han informado sobre el impacto ni las posibles sanciones a la empresa.

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