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Activistas exigen al Estado no criminalizar su defensa del medio ambiente

Durante 2018, al menos 14 defensores del medio ambiente fueron asesinados en México. Según un reporte de Global Witness, el país es el sexto más peligroso para esta labor.
mié 31 julio 2019 05:15 PM
defensores medio ambiente
Los activistas defensores del medio ambiente señalan que sufren presiones por parte de gobiernos y empresas que impulsan proyectos que ellos consideran dañinos.

Organizaciones civiles exigieron este miércoles al gobierno federal proteger a los defensores del medio ambiente, reconocer su labor y frenar lo que consideran criminalización en su contra.

En una conferencia de prensa, cuatro colectivos informaron sobre la situación de violencia a la que se enfrentan las comunidades indígenas por defender sus territorios, y lamentaron que, a su parecer, el propio Estado mexicano contribuya a criminizarlas.

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"Demandamos al Estado que proteja a nuestros luchadores, que no nos criminalice. No somos delincuentes; estamos luchando por nuestro territorio y por el trabajo cotidiano que abona al desarrollo de nuestra nación", dijo Antonio Medina, de la Red Indígena de Turismo Mexicano (RITA).

Este posicionamiento se da a casi dos meses del asesinato del ambientalista José Luis Álvarez y luego de que un reporte de la organización civil Global Witness colocara a México como el sexto país más peligroso para los defensores del medio ambiente.

Durante 2018, 14 defensores del territorio fueron asesinados en México (11 eran indígenas). En lo que va de este año, suman al menos seis activistas asesinados.

La criminalización

Alejandra Leyva, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), consideró que a los defensores se les califica de "personas opositoras" o "talibanes ambientales".

Bajo estos argumentos, indicó la activista, algunos gobiernos justifican el encarcelamiento o las acusaciones contra este sector.

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"Las fiscalías usan de manera ilegal el sistema penal para criminalizar a los defensores e iniciar proceso contra ellos", dijo.

Tal es el caso de Misael Zamora, indígena tlahuica y defensor de los bosques que desde 2015 lucha por su libertad tras ser imputado por la Fiscalía General del Estado de México por tala ilegal, delito que él y su familia han denunciado durante dos décadas.

Otro caso es el de José Antonio Arreola, José Luis Jiménez y José Gerardo Talavera , defensores del territorio y miembros del Concejo Ciudadano Indígena que en noviembre de 2018 fueron encarcelados por el gobierno de Michoacán, acusados de robo calificado y sabotaje.

Medina dijo que desde las propias instituciones gubernamentales "se crea un sistema de culpabilidad" para catalogar a los defensores del ambiente como violentos o rebeldes, y así tomar acciones fuera de la ley.

"Es difícil que aunque luchamos por que haya paz y tranquilidad en nuestro territorio tengamos que ser reprimidos", señaló.

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Las causas

Gustavo Sánchez, de la Red MOCAF, sostuvo que más de la mitad del territorio está en manos de comunidades indígenas, lo que implica confrontación cuando intereses privados buscan acceder a estos recursos.

"(Los defensores) ponen resistencia a muchos proyectos que lesionan a las comunidades indígenas, esto los coloca en la mira de los intereses de quienes quieren acceder a estos recursos", señaló.

Omar Esparza, de la asociación Maíz, dijo que la violencia generada contra los defensores de territorios indígenas no es "casualidad".

"Podemos revisar cada caso, de cada compañero, cómo ha sido su lucha, la resistencia pública, y veremos cómo cada vez va más en aumento la criminalización, tanto de las instituciones del Estado como de las empresas", aseguró.

Asimismo, refirió que la situación para ambientalistas y comunidades indígenas empeoró desde la implementación de la reforma energética en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), por la "codicia" de concesionarios.

En su informe, Global Witness destacó que la creciente demanda de tierras para satisfacer a los consumidores "está generando violencia mortal en todo el mundo".

Esta semana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también llamó al gobierno federal a frenar las descalificaciones contra activistas y organizaciones civiles, pues "contribuyen a generar un ambiente hostil y poco propicio" para continuar con su labor.

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