Aun cuando el derecho a la educación es una obligación del Estado, para los jóvenes que estaban recluidos en la Comunidad de Tratamiento Especializado en San Fernando, en la Ciudad de México, esto no era una realidad.
Ahora, tras dos años de litigio, Aprender Primero -el brazo jurídico de Mexicanos Primero- consiguió una sentencia que obliga a las autoridades locales y federales a garantizar ese derecho para esto jóvenes.
Sandra Creixell, directora de Estudios Jurídicos de la organización, señaló en conferencia de prensa que estos jóvenes sufrieron exclusión tanto antes como afuera del internamiento. Dijo que en el centro no estaban sumergidos en un verdadero proceso educativo, debido a que sólo tenían una hora y media de clases, no había docentes suficientes y no tenían el perfil adecuado ni los materiales ni libros de textos. Agregó que en una visita pudieron ver incluso que había cajas cerradas con libros.
Con esos antecedentes, mencionó Creixell, decidieron activar al Poder Judicial de la Federación a través de un juicio de amparo, el cual resultó a su favor.
Conoce más: La infancia en México: entre la violencia y la falta de protección
“La sentencia en el caso de San Fernando obliga a las autoridades a cumplir con cierto número de horas de enseñanza y proveer materiales educativos; pero establece también la obligación de garantizar planes y programas de estudio adaptados a las necesidades y capacidades de los jóvenes de San Fernando, así como asignar docentes y asesores técnico pedagógicos con la formación y la experiencia adecuadas para esta población y en este contexto”, dijo Jennifer O’Donoghue, directora general de Mexicanos Primero.
Por su parte Rodrigo Buj García, del despacho Malpica, Iturbe, Buj y Paredes, que llevó el caso, explicó que con la sentencia se deben diseñar planes y programas de enseñanza, asignar personal capacitado e implementar el mismo número de horas que los jóvenes que no están recluidos, así como garantizar un paquete completo de materiales.
El abogado aseguró que el paso que sigue es velar por el cumplimiento efectivo de la ejecutoria de amparo, mientras que Jennifer sostuvo que primero verán cómo asegurar esto y después tomarán una decisión sobre aplicar esta estrategia en otros estados.
“Más allá de que se logró una sentencia favorable que nos concede el amparo, el fallo del juez, pone el foco en lo más grave del asunto: la exclusión educativa, generada por la omisión del principal responsable en eliminarla: el Estado”, comentó Cruxielle.
Por su parte, O’Donoghue indicó que con el análisis de las leyes secundarias de la reforma educativa, los legisladores tienen la oportunidad para definir con claridad a los responsables de garantizar la educación incluyente para acabar con cualquier tipo de barrera del aprendizaje y responder a cada niña,niño y joven sin distinción.
Te puede interesar: El Día Después: el llamado a no ser indiferentes ante los problemas del país
“Asimismo llamamos al Ejecutivo Federal (Andrés Manuel López Obrador) a presentar una Estrategia Nacional de Inclusión Educativa que sea de verdad incluyente, tanto en su proceso como en su alcance”, afirmó.
Los representantes de Mexicanos Primero señalaron que, según datos de la CNDH, alrededor de 1,445 jóvenes están en situación de reclusión actualmente, mientras que más de 13,000 están cumpliendo una sanción, esto de acuerdo con UNICEF.
