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Plan migratorio de AMLO no gusta a expertos; renuncia titular del INM

La CNDH, HRW y Sin Fronteras IAP han expresado sus preocupaciones frente al plan migratorio que México acordó con EU para detener el flujo migratorio.
vie 14 junio 2019 02:04 PM
migrantes OSC
La frontera sur. México completará el próximo martes el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional en su frontera sur y enviará 825 agentes migratorios suplementarios, para cumplir las demandas de EU de frenar la migración de centroamericanos, informó este viernes el gobierno mexicano.
Expansión Política
@ExpPolitica

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión Política).- A una semana de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump acordaron un plan para tratar de detener el alto flujo migratorio ilegal desde la frontera sur de México hacia EU –y que contuvo la amenaza del presidente norteamericano de imponer nuevos aranceles a todos productos mexicanos–, la crisis migratoria derivada del acuerdo se confirma como una realidad.

Este viernes, el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Tonatiuh Guillén, presentó su renuncia. Según se informó al mediodía, el fuincionario comunicó au salida y agradeció a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al presidente Andrés Manuel López Obrador por darle la oportunidad de servir al país.

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Además de esta renuncia, organizaciones defensoras de los derechos de migrantes y de la sociedad se expresaron preocupadas frente al acuerdo anunciado la semana pasada.

Este viernes, desde el Senado de la República, momentos antes de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compareciera ante la Cámara alta para dar a conocer los detalles de este acuerdo, representantes de OSC acompañadas del senador independiente Emilio Alvárez Icaza hicieron un pronunciamiento en el que expresaron que las negociaciones con EU sientan un precedente que abre la puerta para que Trump siga amenazando a México, no sólo en materia migratoria.

Desde el Senado de la República, momentos antes de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, compareciera ante la Cámara alta para dar a conocer los detalles de este acuerdo, representantes de OSC acompañadas del senador independiente Emilio Alvárez Icaza hicieron un pronunciamiento en el que expresaron que las negociaciones con EU sientan un precedente que abre la puerta para que Trump siga amenazando a México, no sólo en materia migratoria.

"El continuar por esta vía compromete la soberanía mexicana", resaltó Ana Mercedes Saiz, representante de Sin Fronteras IAP, quien también reclamó que la SRE está tomando atribuciones que no le corresponden y reclamó el que se hubieran "mezclado temas económicos y comerciales usando a miles de personas como monedas de cambio en movilidad".

"Migrar y pedir asilo no es delito, y el control de las fronteras debe estar guiado con respeto a los derechos humanos... sólo hemos escuchado planes de contención por la fuerza de la Guardia Nacional", dijo Mercedes Saínz.

La representante de Sin Fronteras IAP aseguró que hasta el momento "no existe transparencia sobre las instrucciones dadas a los militares –porque la Guardia Nacional NO ha sido formalmente capacitada–, desplegados en la frontera sur, partiendo de que no se están enfrentando a delincuentes".

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Este jueves, la organización Human Rights Watch (HRW) calificó de "locura" la decisión del gobierno de México de militarizar la frontera sur del país al tiempo que criticó que el despliegue de agentes de seguridad sea para detener migrantes y no contra delincuentes.

"La última locura de la militarización de la seguridad pública en México: desplegar una fuerza esencialmente militar, ya no contra grupos delictivos, sino contra familias humildes que huyen de estos grupos", apuntó el director ejecutivo de la organización para las Américas, José Miguel Vivanco, en un mensaje en Twitter.

En tanto, en un comunicado, HRW consideró que el despliegue de la Guardía Nacional en la frontera sur de México será "no contra organizaciones delictivas violentas, sino contra familias y niños pobres, muchos de las cuales están huyendo de la persecución de grupos violentos".

"México tiene derecho a reforzar sus fronteras, pero es difícil pensar en una prueba menos apropiada para su nueva Guardia Nacional. Dados los deplorables antecedentes de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas en los últimos años —y especialmente del Ejército— es predecible que el despliegue termine resultando en graves abusos", se lee en el comunicado.

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