Desde finales de abril, el gobierno de Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición de 10 políticos mexicanos: Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia Sinaloa; Enrique Inzunza, senador; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, fiscal adjunto; Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe policial; Alberto Jorge Contreras Núñez, exmando policial; Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública; José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector policial; J uan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán y Juan Valenzuela Millán, excomandante municipal.
Les acusa de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, en particular con la facción de “Los Chapitos” y de tráfico de armas.
De ellos, Enrique Díaz Vega y Gerardo Mérida ya se entregaron a autoridades de Estados Unidos.
México no ha procedido a la orden de detención y extradición debido a que considera que faltan pruebas de las acusaciones hechas por la justicia estadounidense.
Sobre el paradero de los ocho políticos que aún son buscados por el gobierno de Estados Unidos, la presidenta explicó que su gobierno no tiene obligación de vigilarlos.
"La Fiscalía, como saben, abrió una investigación, entonces ellos desarrollarán su investigación, pero no hay nada legal que nos obligue a que nosotros tengamos una vigilancia particular con las otras personas", dijo.
