Durante el primer mes de gobierno de Seinbaum, la violencia no ha dado tregua. En octubre se registraron 2,293 homicidios dolosos, entre ellos, el del sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas.
“La política de abrazos no balazos no ha funcionado, y nosotros como Iglesia estamos aquí para buscar otros caminos”, aseguró el obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, Francisco Javier Acero Pérez.
Este fin de semana, a través de su Semanario Desde la Fe , la Iglesia nuevamente pidió trabajar en una paz duradera.
“Nuestro llamado, nuestra exigencia es unánime: Queremos paz. Una paz que emerja desde lo profundo, que sea sólida, duradera, que surja de una estrategia que haga frente a los principales problemas sociales que hoy vivimos, que reconstruya a un tejido social roto, y que recupere el valor de la dignidad humana, que hoy se ha perdido”, se pidió.
-¿Qué dice el compromiso por la paz?
El documento "Compromiso por la paz" plantea más de 100 propuestas en temas como tejido social, seguridad, justicia, cárceles y derechos humanos y es parte de lo que la Iglesia quiere que se haga en esta administración para enfrentar la violencia.
Algunas de las propuestas son:
-Rescatar y fortalecer a los municipios y proporcionar a sus autoridades las capacidades, funciones, conocimientos y presupuestos para que se conviertan en el orden de gobierno con mayor capacidad para articular programas y acciones.
-Apoyo a víctimas y a sus familiares mediante programas de atención integral y oportuna brindando acompañamiento psicológico, asesoramiento legal, acceso a los servicios de salud, protección y acceso a ingresos y a reposición de su patrimonio en casos de desastres.
- Dar prioridad a la asignación de recursos y servicios públicos en las zonas más afectadas por el crimen organizado, incluyendo infraestructura básica, servicios de salud, instalaciones deportivas y educación de calidad, así como atención a las víctimas del crimen organizado, generando nuevos espacios seguros para el diálogo y la confianza entre las personas habitantes de las comunidades.
-Crear mecanismos para garantizar la justicia, reparación del daño y acceso a la verdad a quienes han visto vulnerados sus derechos fundamentales. Estos mecanismos deben involucrar organizaciones de la sociedad, dependencias del gobierno Federal y organismos autónomos del Estado.
- Promover la desmilitarización paulatina de la funciones de seguridad con base en el análisis riguroso y evaluaciones del actuar de las Fuerzas Armadas en materia de las políticas de seguridad pública, buscando que la Guardia Nacional se construya como un cuerpo civil (no militar) profesional, con capacidades y recursos adecuados a sus funciones.
-Construir estrategias para atender los municipios más violentos del país a través de una coordinación entre ejército, guardia nacional, policías estatales, programas sociales efectivos, incluyendo a la sociedad civil con mecanismos claros para fortalecer la institucionalidad local en las tareas de seguridad.
- Fortalecer el trabajo de coordinación entre autoridades para atender la búsqueda de personas desaparecidas. Particularmente la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y su coordinación con las fiscalías estatales y la General, así como de sus otros mecanismos