La publicación de la Reforma Judicial confrontó a la presidenta Claudia Sheinbaum con la jueza Nancy Juárez, y ambas se acusaron de violar el Estado de Derecho.
En la batalla que jueces, juzgadores, ministros y trabajadores del Poder Judicial dan en contra de la reforma que introduce la elección de cargos a través del voto ciudadano se sumó un nuevo capítulo: la orden de eliminar la publicación del Diario Oficial de la Federación (DOF).
En su conferencia matutina, la presidenta de México acusó a Nancy Juárez, jueza del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en Veracruz, de estar en desacato y de violar la ley de amparo al determinar la eliminación de la publicación de la Reforma Judicial.
“Nosotros estamos actuando conforme a Derecho, quienes están violando el Estado de Derecho pues son ellos, ellas. Para hacer una suspensión de un amparo no solo hay que cumplir con la Constitución, sino cumplir con la Ley de amparo, ¿qué dice la ley de amparo? En el artículo 61 el juicio de amparo es improcedente, uno, contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, hay una reforma a la Constitución que cumple con todos los requisitos para cambiar el Poder Judicial en nuestro país y una juez acepta un juez de amparo y emite una resolución de una suspensión”, dijo la presidenta.
Todavía no hemos sido notificados, es importante que se sepa no hemos sido notificados formalmente”.
“No es que esté o no por encima del pueblo una jueza. Hay en México tres poderes federales, cada uno con distintas facultades. Una de las facultades de Poder Judicial, entre tantas, que se establecen en la Constitución, en el 103 y 107 constitucional, es la de resolver juicios de amparo contra actos de cualquier autoridad que viole derechos humanos. Esta es una facultad exclusiva del Poder Judicial. En palabras sencillas, el Poder Judicial de la Federación es quien defiende al pueblo de los actos arbitrarios de otra autoridad”, afirmó Nancy Juárez, jueza del Décimo Noveno Juzgado de Distrito en Veracruz, en una entrevista para Radioformula.
La jueza fue más allá y aseguró que si no se cumplen las resoluciones el riesgo que se corre es que se rompa el Estado de Derecho, lo que se traduciría en una anarquía.
“De no cumplirse, si se rompe el Estado de Derecho y se traduce en una anarquía en donde cada quien va a hacer lo que quiera y no se van a respetar las leyes, esa es una preocupación”, alertó.
La presidenta de México anunció que, a través de la Consejería Jurídica, preguntará al Poder Legislativo si la jueza tiene o no facultades para pedir que se elimine la publicación del Diario Oficial de la Federación.
“En el momento en que se reciba la notificación lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al H. Congreso de la Unión una pregunta: ¿es factible que una jueza pida esto (eliminación de la publicación), dado que ustedes ordenaron que se publicará en el Diario Oficial de la Federación?... para ver que nos contesta el legislativo”, anunció.
En la misma mañanera, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, exhibió al Poder Judicial por el "déficit de audiencias" que ha provocado el paro de labores de los trabajadores.
Advirtió que los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario, a pesar de que se cancelaron 12,448 audiencias entre el 20 de agosto y el 30 de septiembre de este año.
"Hay que decir que todos los empleados del Poder Judicial siguen recibiendo su salario, aunque están en paro, pero en tanto este es el déficit que se tiene sobre la celebración de las audiencias. Esta es información de la Fiscalía General de la República", señaló.
Aunque se celebraron 31 audiencias, abundó Rodríguez, en 16 casos no se emitieron las órdenes de aprehensión correspondientes y, de las 665 apelaciones pendientes de resolución, el 52% tiene de cuatro a 23 meses sin que se haya emitido la sentencia respectiva.
"Esto también contribuye a la dilación de los procesos", acusó la secretaria.
A petición de la presidenta, se presentó un informe en el que se acusó al Poder Judicial de dar resoluciones que favorecen a presuntos delincuentes y de nepotismo.
