En los tres meses que restan de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará hasta tres nuevos informes sobre la investigación del caso Ayotzinapa que realiza su gobierno.
El primero de esos reportes lo entregará el próximo 3 de julio en Palacio Nacional a los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.
“Yo voy a presentar un informe, no uno, dos o tres, antes de irme. Uno se los voy a entregar el día 3 de julio a los padres, a uno por uno de los padres, aquí, porque no quiero entregar los documentos nada más a los representantes, porque esos están ya con una postura y quiero que se conozca todo, todo completo”, sostuvo el presidente.
Será en septiembre cuando concluya el sexenio de López Obrador y se cumpla una década de la desaparición de los jóvenes sin que el caso se resuelva.
“Estamos apresurándonos, porque ya los abogados y los defensores de derechos humanos vinieron aquí y ya lo que me están planteando es ya, a ver, usted ya no cumplió, ya lo que queremos es que nos ponga en comunicación con la presidenta electa”, mencionó López Obrador.
“Y les dije: sí, yo les voy a poner en comunicación con la presidenta electa y la presidenta electa es muy sensible y quiere también saber sobre el paradero de los jóvenes y va a haber justicia y todo, pero espérenme, que todavía me faltan tres meses, espérenme”, aseguró.
Según López Obrador, en la indagatoria del caso que ha hecho su gobierno no hay pruebas de que el Ejército y el anterior gobierno federal sean los responsables de la desaparición forzada, aunque reconoce que algunos soldados pudieron ser omisos porque supieron de la detención de los jóvenes por parte de policías locales y no actuaron.
Esta posición, que mantiene desde hace meses, ha sido causa de desencuentros con las familias de Ayotzinapa que consideran que en este sexenio tampoco encontraron justicia y verdad.
Sin embargo, el mandatario federal duda del argumento de que las autoridades locales no tenían los recursos suficientes ni la influencia política para cometer la desaparición forzada, porque sostiene que eran controladas por grupos criminales.
Claro que hay una responsabilidad de Estado, pero pasar a que fue el Estado y fue el Ejército y que no tienen las autoridades locales ni la policía capacidad para llevar a cabo un crimen de esta magnitud, eso es otra cosa”,
