El viernes pasado, el director de Pemex, Octavio Romero, difundió un presunto caso de corrupción que involucra a María Amparo Casar al cobrar una pensión de 125,000 pesos mensuales tras la muerte de su esposo. El funcionario explicó que buscarían recuperar los más de 30 millones que se habían pagado, pues se trató de un suicidio y no de un accidente.
En la página de la Presidencia de la República se difundieron documentos sobre este caso, entre ellos, credenciales de elector y archivos que contienen datos personales.
Por la divulgación de esos datos, el Inai informó que inició una investigación de oficio pues destacó que la obligación de la Presidencia de la República era proteger los datos personales.
En una entrevista con representantes de medios de comunicación, el comisionado presidente del Inai, Adrián Alcalá, explicó que hay elementos para la investigación en torno al caso de María Amparo Casar.
"Ya hemos iniciado nosotros esta investigación. ¿Por qué? Porque había elementos, precisamente, o hay elementos, desde la publicación, obviamente en el sitio oficial del www.gob.mx. No es que el INAI se esté contradiciendo con sus resoluciones. Hay un artículo en la propia Ley Federal de Transparencia, en la Ley General, que establece que no se considera información reservada la que tenga relación con actos de corrupción. En principio, toda esa información es pública; sin embargo, también hay que proteger datos personales o información confidencial", dijo.
