El proyecto para anular el "plan B" de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en la mira del Gobierno federal al ministro Javier Laynez Potisek.
Señalado de ‘arrancar hojas a la Constitución’, la Presidencia de la República buscaba evitar que el doctor en Derecho fuera el responsable de la acción de inconstitucionalidad promovida por la oposición en contra de la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), sin éxito.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, encabezada por María Estela Ríos, solicitó que Laynez se excusara de seguir conociendo de la acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que no está impedido para ser instructor del recurso interpuesto por políticos de oposición.
Laynez será el encargado de determinar si se admite a trámite la acción de inconstitucionalidad que se interpuso contra la desaparición de 13 fondos y fideicomisos.
Ésta no es la primera vez que Laynez Potisek ha sido poco cómodo para el Gobierno federal.
Desde el año 2015, Laynez Potisek forma parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, postulado por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. El ministro está asignado a la segunda sala de la Suprema Corte, junto a Luis María Aguilar, Loretta Ortiz, Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel, en donde resuelven asuntos en materia administrativa y laboral.
Junto a Aguilar y Pérez Dayán, Laynez Potisek fue responsable de que se frenaran algunos proyectos impulsados por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la reforma eléctrica.
Sin embargo fue la nulidad de “Plan B” de la reforma electoral, por el cual el presidente López Obrador manifestó su molestia.
“De repente un ministro que no es electo por el pueblo, ni siquiera la Suprema Corte, sino un ministro la cancela. Es un hecho, yo pienso, inédito, y desde luego injusto, arbitrario. Ya pues ahora tenemos en los hechos, o quieren que prevalezca que impere en México una especie de supremo poder conservador. Y ya este ministro Laynez ya es como su alteza serenísima”, criticó el presidente.
Desde la Consejería Jurídica también hubo críticas y se acusó al ministro de “arrancar hojas a la Constitución” con su resolución.
“El Ejecutivo federal no permitirá que se violente la Constitución ni el orden jurídico mexicano, y solicitará al pleno de la Corte revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia, así como la medida suspensiva, al resultar contrarias a los principios fundamentales del Estado de derecho que nos rige, pues resulta preocupante que el ministro instructor desconozca las reglas del procedimiento que regula las controversias constitucionales, lo que desnaturaliza este medio de control constitucional que busca alcanzar un equilibrio sano entre los Poderes de la Unión”, informó la Consejería.
En otro tema impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro Laynez se pronunció en contra de que la consulta de revocación de mandato incluyera un pregunta sobre si el mandatario debería continuar en el cargo.
La trayectoria de Laynez Potisek como ministro si bien inició en el sexenio de Enrique Peña Nieto, tiene sus raíces en el gobierno del priista Ernesto Zedillo,a quien acompañó en la Secretaría de Programación y Presupuesto, en la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Consejería Jurídica de la Presidencia.
Con la llegada del PAN a la Presidencia de la República, se mantuvo pero ahora en la Procuraduría General de la República como subprocurador jurídico y de asuntos internacionales.
